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Propone reformas a Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en materia de DH

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Con la finalidad de reforzar la actuación de los servidores públicos y establecer un dispositivo que permita que la autoridad, a través de ellos, cumpla con la obligación impuesta en el marco normativo que regula el fomento y cumplimiento a los principios rectores de respeto a los derechos humanos, el diputado Antonio López Orozco propuso en sesión plenaria una iniciativa para:

Adicionar una fracción al artículo 55 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como, para modificar la fracción XXXVIII recorriéndose su contenido a una nueva fracción XXXIX, del artículo 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

En las adecuaciones propuestas se establece que los servidores públicos deben actuar en el ejercicio de sus funciones con respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal, la particular del Estado y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

El legislador señaló que se requiere fortalecer a las instituciones públicas para su buen funcionamiento, y así poder cumplir con los objetivos para lo que fueron creadas; “un gobierno municipal o estatal indiscutiblemente necesita que todos sus órganos de gobierno funcionen con estricto apego a la ley”.

Considera que un eje angular para el desarrollo de las actividades de la autoridad son los servidores públicos, en ellos se deposita toda la estructura normativa a fin de que por su conducto la autoridad cumpla con sus fines; es decir, es el servidor público en el ejercicio de sus atribuciones el que desarrolla las actividades tendientes a ejecutar determinados actos que le corresponden al ente público.

“Con esta iniciativa, no se inventan nuevos derechos, por el contrario, se refuerzan los ya existentes buscando la plenitud del ser humano en cuanto a la naturaleza de sus derechos fundamentales; mismos que son inherentes a la dignidad de las personas, y que es una responsabilidad del estado y sus entidades públicas el de reconocer a través de sus leyes, su vigencia, promoción, defensa, educación, vigilancia y protección”, subrayó el diputado López Orozco.

Con la reforma propuesta se continuará reforzando la legislación local en materia de derechos humanos, ya que su objetivo primordial es que la autoridad como ente público, cumpla con lo establecido en las reglamentaciones legales ya establecidas.