Ante diversas inconformidades por el manejo del transporte público en la Secretaría de Movilidad (Semov), el gremio de permisionarios y transportistas de la entidad pidió la destitución de Servando Sepúlveda Enríquez, titular de la dependencia vial.
Óscar Aguayo Alvarado, directivo de la Confederación de Empresarios Transportistas, explicó que una de las molestias del gremio es que fueron defraudados.
«El pasado mes de junio, el secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda Enríquez, convocó a diversas reuniones a delegados y representantes del transporte público en sus oficinas, en donde a los citados se les impidió ingresar con celulares», contó.
«Enseguida nos hizo saber que el trámite del registro estatal que anteriormente se nos había obligado a realizar, y del cual en su momento pagamos obligatoriamente 6 mil pesos por cada unidad, que dicho pago no sirvió de nada, que ese cobro fue un robo y un fraude».
El representante detalló que el proceso de registro lo realizaron en el 2014 y que en ese entonces el titular de Semov se comprometió a entregar el registro seis meses después, sin embargo no fue así.
«Hasta la fecha dicho registro no ha concluido, ya que solamente han sido entregados el 35 por ciento de la totalidad de los títulos de concesión, y para colmo, con errores», señaló Aguayo Alvarado.
Asimismo, los agremiados exigieron que se publique el Programa General del Transporte Público de la entidad, ya que aseguran desconocer los lineamientos y el plan vigente.
Por su parte, Salvador Rosas Pelayo, secretario de Grupo Oriente del Transporte Público, acusó que el transporte federal suburbano ha cruzado los límites en cuanto a su facultad de proporcionar servicio y afecta al transporte urbano.
Además, puntualizó que el delegado de la SCT en Jalisco, Bernardo Gutiérrez, ha otorgado concesiones federales para prestar dicho servicio. Asimismo, consideró que las reglas para obtener un permiso de esta categoría son «suaves», no tienen licitación y la tarifa es libre.
Rosas Pelayo lamentó que los Policías Viales sólo sancionen las faltas de los urbanos, y no la circulación de los suburbanos en el interior de la Ciudad.
Las inconformidades quedaron asentadas en un documento, el cual fue enviado a la Presidencia de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
