El Gobierno estableció oficialmente el 911 como número único para servicios de emergencia en el País.
El IFT dio a conocer los lineamientos de seguridad de telecomunicaciones, en los que además se estableció el 089 como el número nacional para denuncias anónimas.
El acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, establece que los números que estaban autorizados para la prestación de servicios especiales deberán migrar al 911.
«Los códigos de servicios especiales 060 (Policía local), 061 (Policía Judicial Estatal y del Distrito Federal), 065 (Cruz Roja), 066 (Sistema Nacional de Atención de Emergencias de la Ciudadanía), 068 (Bomberos) y 080 (Seguridad y Emergencia) autorizados a las entidades gubernamentales y de servicio social deberán migrar al 911».
El acuerdo entrará en vigor 30 días naturales a partir de este miércoles.
En otro capítulo del acuerdo, el organismo establece las disposiciones aplicables a los requerimientos de localización geográfica en tiempo real y entrega de datos conservados.
El acuerdo contempla aspectos como localización geográfica en tiempo real de dispositivos o equipos móviles, registro y entrega de datos de comunicaciones de líneas privadas y de los servicios fijo y móvil.
Detalla que para definir y adoptar medidas que permitan una colaboración más efectiva y oportuna en materia de seguridad y justicia, se establecerán grupos de trabajo conformados por las autoridades facultadas y designadas, el IFT y los concesionarios y autorizados.
El acuerdo contempla la transparencia y protección de datos, y la suspensión del servicio de dispositivos o equipos móviles reportados como robados o extraviados.
Para este último aspecto, los concesionarios y autorizados deberán contar con un procedimiento para recibir, durante las 24 horas del día de todo el año, reportes de robo o extravío.
Además de los centros y número telefónico de atención, los concesionarios deberán contemplar medios electrónicos para la recepción de estos reportes, para verificar los reportes de duplicación del código de identidad de fabricación del equipo y acreditar la titularidad del dispositivo y/o los servicios contratados.
El IFT precisa en el acuerdo los detalles para la cancelación o anulación de manera permanente de las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros federales o estatales de internamiento para menores.
El organismo prevé las sanciones por incumplimiento a estas determinaciones e incluye los formatos para la gestión de requerimientos de información en materia de gestión y justicia, así como los informes de cumplimiento de los requerimientos de localización geográficos y datos.
