El Coordinador de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano, diputado Ismael del Toro, junto con la Diputada Ciudadana, Kehila Kú, presentaron ante el Pleno del Congreso de Jalisco, una Iniciativa de Acuerdo Legislativo en el que se exhorta al Gobierno de Jalisco a que de un informe detallado sobre las condiciones que guarda la Casa Jalisco en Chicago.
“PRIMERO. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco instruya a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Económico, y de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, presenten al Congreso del Estado un informe detallado de las razones por las cuales no se ha utilizado el inmueble conocido como Casa Jalisco en Chicago, y en su caso, se inicien los procedimientos señalados en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco contra los funcionarios que resultaran responsables de incumplimiento del artículo 61 de la misma Ley.
SEGUNDO. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco para que inicie los procedimientos a que haya lugar para perseguir y castigar a los funcionarios que resulten responsables, en su caso, de la compra a sobreprecio del inmueble conocido como Casa Jalisco en Chicago.”
En días pasados el Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, José Palacios Jiménez, en declaraciones a medios de comunicación, ha dejado entrever que es responsabilidad del Congreso del Estado el que a los jaliscienses les cueste 21 mil pesos diarios el mantenimiento de este inmueble, debido a que la Comisión de Hacienda y Presupuestos no ha aprobado la iniciativa presentada por el ejecutivo para autorizar la venta de dicho inmueble
Al parecer el mencionado funcionario no desconoce que la casa fue adquirida por la pasada administración en 2009 por un costo de 3.5 millones de dólares, y el último avalúo es de 1.7 millones de dólares, lo que en caso de venderse en las condiciones actuales, representaría una pérdida de 1.8 millones de dólares, es decir, se quiere responsabilizar al Legislativo del gasto de 7 millones de pesos anuales que presuntamente se destinan al mantenimiento del inmueble. Y por otra parte, se reclama a este Poder Legislativo, que no agilizar una autorización para que el Gobierno del Estado pierda en una sola operación casi 2 millones de dólares, esto es, alrededor de 36 millones de pesos.
La Casa Jalisco en Chicago se inauguró en 2011 con la presencia del Cónsul de México, de la representación del gobierno de Illinois, del condado de Melrose, y de los clubes de jaliscienses radicados en Estados Unidos. En ese momento se dijo que el objetivo era contribuir a mejorar las condiciones de vida de más de 300 mil jaliscienses con residencia en el Estado de Illinois y de casi 700 mil jaliscienses que viven el área del Medio Oeste de Estados Unidos. Se habló de vincular empresarios mexicanos con el área, de fortalecer relaciones educativas y culturales, desarrollar proyectos de educación superior con el apoyo de la Universidad de Guadalajara.
En enero de 2014, el entonces subsecretario de Finanzas, Héctor Pérez Partida, dio a conocer que el Gobernador del Estado había dado la instrucción para que se le diera plena funcionalidad a la Casa Jalisco en Chicago, y lograr que se convirtiera en un verdadero «centro de exposiciones y promoción de la industria y la agricultura de Jalisco», de tal forma que eventualmente permita captar inversiones. El gobernador dio como plazo un año.
Hoy, se conoce por las mismas declaraciones del Secretario de Desarrollo Económico, que solamente una persona labora en el lugar, y que su función es la de custodiar el edificio, por el que se paga predial y servicios.
Por si fuera poco, en febrero de este año se abrió una nueva sede de Casa Jalisco, en Tokio, Japón.
Además, en marzo el titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social dio a conocer planes para abrir oficinas para la atención de los migrantes jaliscienses en California. Y también en Chicago, para asesoría jurídica y trámites en temas sociales y económicos.
Se escapa la lógica según la cual, si ya se cuenta con un edificio propio, se quiera gastar en renta de otros inmuebles y malbaratar el que ya se tiene, con una perdida de alrededor de dos millones de dólares.
Con qué frivolidad se acusa al Legislativo de las omisiones e incumplimiento de las responsabilidades de unos cuantos funcionarios públicos.
Tal vez habría que considerar, además de la venta del inmueble la desaparición de las áreas que han dejado de cumplir con su responsabilidad y ello nos representaría seguramente ahorros importantes en el pago de sueldos que no se justifican por su desempeño.
