ESCANDALO EN PUERTA

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POR: FELIPE GUERRERO BOJÓRQUEZ

Hay un tema que amenaza en convertirse en una bomba de tiempo y que sigue muy de cerca la Auditoria Superior de la Federación. Se trata precisamente de la infraestructura tecnológica del edificio que alberga la sala de juicios orales del nuevo sistema de justicia penal en Sinaloa ubicada en Angostura, donde los números no cuadran en relación a los costos reales de los equipos y el precio de compra que presenta una de las empresas contratadas por adjudicación directa de parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Sinaloa.

Pero no sólo no cuadran los números, sino que en el afán de favorecer a empresas que no reúne los requisitos de los estándares internacionales en materia de alta seguridad, se ha puesto en riesgo la fortaleza tecnológica que un sistema de esta naturaleza debe tener para cumplir sus objetivos de justicia.

Tenemos a la vista el acta de adjudicación de este comité y la nota en la que la Auditoria Superior de la Federación solicita una explicación del por qué equipos que en global se pueden comprar en los Estados Unidos en alrededor de 20 mil dólares se están facturando en poco más de 2 millones de pesos.

Y es que mientras estados como el de Durango, Jalisco y el Distrito Federal presentaron una licitación abierta para que las salas de juicios orales fuesen dotadas de equipo con la más alta tecnología en la materia, en Sinaloa las autoridades estatales del ramo decidieron hacerlo por adjudicación directa y qué cree amigo lector…ganó una empresa de Culiacán dedicada a la instalación de cámaras caseras y de GPS en automóviles y cuyo anuncio aparece en Faceboock ofreciendo tecnología en sistemas de seguridad electrónicas y telecomunicaciones.

A esta empresa, que fue favorecida con poco más de 12 millones de pesos y que, desde luego, sin la experiencia y la alta capacidad tecnológica que se requiere, le fueron otorgados los planos y las dimensiones de los espacios que un centro de alta seguridad requiere. De acuerdo al acta del Comité de Adquisiciones del gobierno del estado, firmada por sus integrantes el 09 de junio del 2014, fueron tres las empresas ganadoras por adjudicación directa para instalar tecnología por un monto total de poco más de 17 millones de pesos.

Pero lo que llama la atención es que mientras dos de estas empresas están avaladas por firmas internacionales con prestigio en sistema de seguridad, beneficiadas una con dos y la otra con tres millones de pesos, pero además con años de experiencia, la empresa con domicilio en Culiacán y sin experiencias en plataformas y softwares de alta seguridad, gana la adjudicación directa por poco más de 12 millones de pesos, a pesar de que la misma, de acuerdo al Registro Federal de Contribuyentes, apenas tenía dos años de fundada al momento de la adjudicación.

Los argumentos para hacer la adjudicación directa esgrimidos por el Secretario Técnico del Consejo de Coordinación para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, Jorge Romero Zazueta, se centraron en que la dotación de tecnología consistente en software de alta seguridad, debía de instalarlos una empresa de alto prestigio, a quien se le entregarían los planos arquitectónicos y el flujo de sistemas informativos, por lo que la operación quedaría reservada a su criterio y no dar pie a que otras firmas participaran. En una palabra, se trató de no abrir la participación mediante licitación pública y, por lo tanto, otorgar la confianza a una empresa en la que, al mismo tiempo, Romero Zazueta adquirió de manera implícita la responsabilidad del hecho.

Ahora está metido en un brete, porque de acuerdo a la investigación hecha por el Cisen, la PGR y la Auditoría Superior de la Federación, quien ya también dio vista a la Secretaría de Gobernación, la empresa adjudicada no sólo no reúne los requisitos tecnológicos, sino que estaría ligada a intereses de altos funcionarios del gobierno del estado, empezando por el propio Romero Zazueta.

De acuerdo al acta de adjudicación, cuya copia está en nuestro poder, fue el Secretario Técnico del nuevo sistema de justicia penal quien mediante el oficio No. ST-57/2014, solicitó la adjudicación directa a esta y las otras dos empresas, por lo que ahora los integrantes del Comité de Adquisiciones del Gobierno del Estado, conformado principalmente por el Secretario General de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros y el Secretario de Finanzas Armando Villarreal, lo hacen responsable de haber elegido a empresas vulnerables que no solo no cumplen con las normas de servicio y la capacidad para ofrecer un servicio con los estándares internacionales, sino que, además, por eso mismo, se convirtieron en intermediarias para adquirir equipos que en el mercado exterior no son baratos, pero que, peso a ello, los cotizaron de manera desproporcionada.

Si el nuevo sistema de justicia en el ámbito nacional se propone justamente transparentar los procesos y los juicios en el marco de las nuevas reformas impulsadas por el Presidente Peña Nieto, en Sinaloa, quienes se han puesto al frente, hacen todo lo contrario traicionando la confianza que les ha otorgado el gobernador Mario López Valdez, quien ya tomó nota de ello y ha ofrecido a la Auditoría Superior de la Federación y a las instancias de seguridad nacional, que vayan al fondo del asunto. El escándalo en el tercer piso se ha desatado y todo apunta a que pusieron la iglesia en manos de Lutero.

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