DESAZOLVE #PODEReIMPOTENCIA

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Por: Salvador Cosío Gaona

Es el momento oportuno para que El Presidente Enrique Peña Nieto demuestre que puede ser un gobernante capaz de tomar, asumir y ejecutar decisiones fundamentales en aras de mantener la gobernabilidad del País y deba ya realizar cambios fundamentales que hagan sentir que entiende el problema fundamental de la Nación.

Y para empezar, que materialice cambios básicos para el mejor funcionamiento del aparato gubernamental y designe nuevos titulares en dependencias clave como la Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Defensa Nacional, Consejería Jurídica Presidencial, Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, Procuraduría General de la República y Secretaría de la Función Publica.

El Ejército Mexicano fue durante muchos años una de las instituciones más sólidas y socialmente más dotadas de credibilidad, pero además de los candentes asuntos como la matanza de Tlatlaya, ahora está en entredicho al existir sólidos indicios en cuanto a que soldados del Vigésimo Séptimo Batallón de Infantería con sede en Iguala en el Estado se Guerrero, tendrían grave responsabilidad en relación a los cruentos actos criminales perpetrados el 25 de septiembre de 2014 en esa ciudad, cuando fueron asesinadas varias personas y se forzó la desaparición de 43 estudiantes de la ‘Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, pues hay datos filtrados por integrantes del área de Inteligencia Militar que indican que mandos medios y superiores de ese destacamento castrense tuvieron acceso oportuno a información directa sobre lo que se planeaba y también conocieron en tiempo real circunstancias fundamentales en relación a muchas de las cruentas acciones de la vorágine y pese a ello permitieron que directivos y agentes de las corporaciones de Policía Municipal de Iguala y de Cocula, bajo el control del narco, secuestraren a los jóvenes normalistas, la acusación directa es que los militares presenciaron hechos delictivos y fueron cómplices por negligente omisión, pues supieron que iban a realizarse las acciones cruentas, conocieron detalles previos y atestiguaron hechos violentos pero no actuaron para evitar, como tampoco auxiliaron a los victimados tras lo sucedido, se negaron a otorgarles ayuda humanitaria que pudo haberles salvado la vida o evitar su desaparición forzada e incluso se coludieron dejando escapar a los delincuentes usando el fútil pretexto de que la ley impide a los miembros de las fuerzas armadas participar en acciones ajenas a las tareas de defensa nacional, salvo existiendo petición formal de las autoridades civiles.

La grave acusación apunta también a la Policía Federal, ya que al parecer también el mando del destacamento llamado ‘Estación de Iguala’ tuvo conocimiento detallado de los movimientos de los normalistas, desde su salida de Ayotzinapa y hasta su llegada a Iguala y se dice que cuando se desató la gresca recibieron órdenes de investigar dictadas por la Procuraduría General de la República (PGR) y acudieron a algunos de los sitios donde ocurrieron eventos criminales, pero solo para coordinarse con los corruptos agentes policíacos locales, ayudándoles a desviar el tráfico para que pudieran realizar mejor y más fácilmente los criminales con y sin uniforme su perversa labor, habiendo señalamientos en el sentido que incluso se reunieron con el indiciado Jefe de la Policía Municipal de Iguala, validando el reporte de dicho nefasto personaje, quien manifestó que todo estaba bajo control y en completo orden, y fue así como tras cumplir con el apoyo a los delincuentes, los elementos federales volvieron a su cuartel y emitieron su reporte en que afirmaron no hubo muertos ni heridos graves.

Y pese a lo que se ha señalado con indicios claros, ahí están muy campantes varios importantes funcionarios federales a quienes debe sometérseles a profunda investigación por su encargo y la responsabilidad que conlleva, ya que las dependencias a su respectivo cargo están inmersas en la tormenta de los señalamientos y acusaciones, y como ejemplo están Eugenio Ímaz Gispert, quien dirige el Centro de Investigaciones para la Seguridad Nacional (CISEN) y depende directamente del Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, ya que ambos personajes debieron estar enterados del seguimiento a los normalistas que se sabe efectuó el CISEN desde que salieron de las instalaciones de la Normal en Ayotzinapa y hasta que fueron atacados en Iguala y no hay ninguna incriminación formal como tampoco han sido conminados a declarar, y también están ahí intocables el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam y el que fuera titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Monte Alejandro Rubido García, estos últimos funcionarios ya cesados de sus cargos pero libres de toda investigación hasta ahora.

Pero en relación a lo que se acusa sustentadamente, tampoco nunca hasta ahora se ha generado investigación formal alguna en cuanto a la probable responsabilidad de los directivos de la Policía Federal y su Comisionado Enrique Francisco Galindo Quiñones, ni en relación a los mandos superiores del Ejército que comanda el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien debió estar totalmente enterado de los cruentos acontecimientos y de forma especial, haber autorizado los operativos e inacción de los militares encuadrados en el Batallón de Iguala.

Y en el marco de los cruentos acontecimientos y la acusación al gobierno federal de prohijar acción ilícita u omisión negligente de fuerzas armadas castrenses y policiales, además de propiciar manipulación de la averiguación penal y hasta insinuando perversidad al haber posiblemente participado servidores públicos en la instrumentación de los crímenes, está el ahora cada vez más famoso conjunto de peritos denominado ‘Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes’ (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tutelada por la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo prestigio motivó que el gobierno federal mexicano los invitara a participar como coadyuvantes en la investigación, buscando obtener así la consolidación y mayor credibilidad de la versión oficial pomposamente denominada ‘La Verdad Histórica’, mas el cúmulo de desencuentros de los expertos con las autoridades mexicanas hizo tronar la relación entre gobierno y el grupo, que tras casi 18 meses de labor, fue compelido a dejar el país, pero antes de irse difundió su dictamen final en torno a los crímenes perpetrados en Iguala el 26 de septiembre de 2014 y contrario a la ilusión de los colaboradores de Peña Nieto en cuanto a que se comportarían como comparsas para simplemente convalidar la hipótesis oficial y el carpetazo que se ha intentado asestar al espinoso asunto, se fueron dejando un rejón que provocó aceleramiento de la incredibilidad en la versión oficial y sus señalamientos generaron profusa e intensa reacción, acendrando el descrédito del gobierno mexicano, pues la campaña mediática enderezada en su contra intentando provocar descrédito, fue un auténtico boomerang para las autoridades federales, pues en vez de acallar críticas e incitar el cierre del caso, ahora hay exigencia global de mantener la indagatoria y con otras nuevas líneas de investigación, además que se ahondan las sospechas sobre la complicidad de miembros de la milicia y de la Policía Federal con autoridades locales de Guerrero y miembros de cárteles del crimen organizado, involucrados todos en la desaparición y eventual muerte de por lo menos 43 estudiantes.

Además del detallado pergamino que a manera de informe final entregó el GIEI, dejó 20 ‘lineamientos’ a la Procuraduría General de la República (PGR), acentuando las inconsistencias en la llamada ‘Verdad Histórica’ que el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto sigue sosteniendo en relación a esos cruentos sucesos, insiste en la urgencia de agotar todos los procedimientos para obtener la información indubitable sobre los violentos hechos, identificando a todos los autores intelectuales y materiales, incluyendo a quienes por acción ilícita u omisión negligente han propiciado se tergiverse o trunque la averiguación penal y fundamentalmente conocer la realidad de lo sucedido a los jóvenes que legalmente continúan en calidad de desaparecidos.

En el breve sumario final sintetiza las 608 páginas de su informe conclusivo en el que descalifica la ‘versión oficial’ que indica que el 26 de septiembre de 2014 un grupo de sicarios del ‘Cártel Guerreros Unidos’ aliados con el entonces Alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pinedo, operando con su policía municipal y en contubernio con policías bélicos del municipio de Cocula, atacaron a los estudiantes al considerarlos colaboradores del grupo delictivo antagónico llamado ‘Los Rojos’ y los habrían ejecutado para después incinerar los cadáveres en el basurero del vecino municipio de Cocula y posteriormente arrojar sus restos al Río San Juan.

Y se mantiene la polémica en relación a la dudosa hipótesis de la cremación en el basurero de Cocula, tras que diversos expertos en fuego y disciplinas científicas relativas, han determinado que una hoguera ocurrida en ese lugar solo pudo ser viable para que fueren incinerados un máximo de 17 personas, sin que hasta ahora haya existido alguna réplica sólida a las inconsistencias que sobre la versión del mencionado incendio han señalado respetados científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), así como los peritos del equipo argentino de científicos forenses que fueron contratados por las propias autoridades federales, existiendo el dictamen pericial que la Universidad de Innsbruck en Austria emitió a petición del propio gobierno federal y dicta que los restos remitidos para su análisis no están vinculados a los normalistas desaparecidos, pero además hay dudas sobre los restos del normalista Alexander Mora Venancio, que se dice estaban cerca del mencionado río, dado que hubo incumplimiento de la ‘cadena de custodia’, especulándose el posible ‘sembrado’ del resto óseo para estamentarlo ilegalmente como prueba para validar la famosa ‘verdad histórica’, y en una exhortación con el respaldo del gobierno norteamericano así como de respetadas organizaciones multilaterales como son ONU, OEA y CIDH, se insiste debe investigarse la tortura a los detenidos para hacerles declarar lo más conveniente para fundamentar la teoría oficial, la destrucción incidental de evidencias que la podrían rebatir y el que como se ha reiterado, los soldados y policías federales que atestiguaron los crímenes no hicieron nada para evitarlos ni brindaron ayuda a las víctimas, debiéndose revisar todos los informes de inteligencia, vídeos y fotografías que existen y se mantienen ocultos a efecto de proteger a personajes quiza demasiado importantes o simplemente para tratar de evitar escarnio y desdoro de las instituciones militares y las fuerzas federales de seguridad.

Pero el GIEI despedazó también la credibilidad del Director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR Tomás Zerón de Lucio, acusándolo de manipular confesiones y otras supuestas evidencias como al haber acudido subrepticiamente al basurero de Cocula a modificar sus condiciones en pos de inducir como creíble la inverosímil hipótesis que cada día se cae a pedazos, y se hundió más al replicar que su proceder no fue ilegal porque solo realizaba una verificación de lo que un día antes había declarado ante el Ministerio Público Agustín García Reyes alias ‘El Chereje’, detenido junto con otros dos integrantes de ‘Guerreros Unidos’ que supuestamente forzados admitieron haber participado en el asesinato e incineración de los normalistas y presentó una grabación en la que se observa al detenido García Reyes indicando el sitio a orillas del río San Juan donde se afirma que los sicarios habían arrojado los restos de los estudiantes, tras supuestamente haberlos asesinado e incinerado en el basurero de Cocula, mas el GIEI señaló que el video carece de legalidad, pues no fue integrado en las constancias de la indagatoria ministerial y además prueba que ‘El Chereje’ habría acudido al lugar sin la necesaria asistencia de abogado y fue sometido a tortura, ya que hay un informe médico que refiere la existencia de al menos 30 lesiones que el indiciado no tenía registradas en la valoración clínica realizada al momento de su detención y hay datos que indican fue torturado impidiendo repetida y largamente su respiración con una bolsa de plástico en su cabeza, golpeándolo, además de propinarle descargas eléctricas en sus testículos con una chicharra. Además que en el video se observa al procesado caminando y realizando las supuestas confesiones de sus crímenes frente a Zerón, con varios elementos policiales con sus armas incrustadas en espalda, costillas y nuca, violentando su voluntad para hablar al presionarlo con la amenaza de dispararle.

Hay un sentimiento amplio de rencor y resabio contra el GIEI de parte del equipo que más cercanamente asesora al Presidente Peña Nieto en los temas jurídicos de gran impacto y sus consecuencias motivantes de la creciente reprobación de la gestión presidencial, entre quienes destaca además del Titular de Gobernación Osorio Chong, un funcionario con especial ascendencia sobre Peña Nieto, como es el Consejero Jurídico Presidencial Humberto Castillejos, que acusan a esos peritos de urdir la desestabilización del País y no se cansan de emitir lamentos relativos al infortunio de haber involucrado en las tareas de investigación sobre el tema Ayotzinapa a los peritos del GIEI, así como al equipo argentino de especialistas forenses, recordando con especial odio a la activista Eliana Garcia Lagunes, la militante del Partido de la Revolución Democrática que habiendo sido figura principal en comisiones legislativas como la de Seguridad y la de Derechos Humanos en La Camara de Diputados, fue invitada a servir como SubProcuradora en la PGR y fue quien, atinadamente, sugirió invitar a expertos internacionales a fin de obtener una investigación adecuada y certera de los bárbaros crímenes que han dañado tanto a México, que además de verídica fuere dotada de credibilidad, pero el problema es que nunca se les dijo a los expertos internacionales que para aceptar venir a trabajar a México deberían mantener como premisa obedecer absolutamente al Gobierno, secundándolo ciegamente en su labor que busca hacer imperar su propia verdad y para fortuna de los mexicanos, estos científicos decidieron trabajar con honestidad, comprometidos en dilucidar la verdad planteando que se ultime todo lo necesario y factible para obtener Justicia y su labor ha merecido el respaldo de las más sólidas instancias multilaterales públicas y privadas.

Es el momento ideal para que, escuchando a diversos asesores importantes como pudieran ser la titular de la PGR Arely Gómez González, el Subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos Roberto Campa Cifrian y otros experimentados políticos y abogados como Mariano Palacios Alcocer y Jorge Carlos Ramírez Marín, el Presidente Enrique Peña Nieto ordene un giro de 180 grados re enfocando la indagatoria para que, además de procurar éxito en la búsqueda de la realidad sobre lo sucedido a los normalistas de Ayotzinapa, que aún están técnicamente estamentados como desaparecidos, se identifique plenamente movil, circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como a todos los culpables, no importando tengan importantes cargos públicos.

@salvadorcosio1

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