Desazolve #LIMPIEZAyFALACIAS

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Por: Salvador Cosío Gaona

Dice el refrán popular: ‘después de niño ahogado a tapar el pozo’, y esto parece está siendo aplicable a los intentos emergentes y deshilvanados del Presidente Enrique Peña Nieto, quien busca desesperadamente limpiar su vapuleada imagen pública. Lamentablemente para Peña, parece que el tiempo se le agotó y habrá de terminar su mandato, quizá, marcado como ineficaz, corrupto y terco.

Desde hace muchos meses se ha hablado de la imperiosa necesidad de actuación penal en contra de muchos personajes tildados de corruptos y se ha venido reclamando tanto al gobiernos anterior a cargo de Felipe Calderón, como al actual que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto, su ineficacia en acciones contra corrupción e impunidad, señalándosele tanto a ellos como a sus más cercanos colaboradores, familiares y amigos, como principales actores o cómplices de actos de corrupción, estableciendo claramente que han dejado de lado su responsabilidad de prohijar la acción gubernamental para el debido encauzamiento penal de muchos quienes son acusados de perpetrar crímenes diversos en perjuicio de la sociedad.

Al parecer reaccionando finalmente ante tanta fundada crítica en su contra, Enrique Peña Nieto está buscando amainar su mala imagen derivada de ser el Presidente de México más repudiado al apenas haber transcurrido poco más de la mitad de su gestión como Jefe de Estado y de Gobierno, con un nivel de aceptación que apenas alcanza el 30 por ciento, ejemplificado por el cúmulo de reclamos en razón de la grave inseguridad provocada por el incremento del indice de criminalidad en general, pero especialmente por la violencia y el acendramiento de los escándalos derivados de actos de corrupción y la consecuente impunidad.

Tras el impacto de la gran debacle electoral que sufrió el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los comicios locales efectuados el pasado 5 de junio en 14 entidades del país, cuando el tricolor fue derrotado en 9 de ellas, Peña originó una instrucción hacia varios funcionarios que despachan en importantes oficinas del Poder Ejecutivo del Gobierno Federal situadas en La Residencia Presidencial ‘Los Pinos’, como a otras también importantes enclavadas dentro del llamado ‘Palacio de Cobián’, el edificio que situado en las calles de Bucareli, aloja el despacho del titular de la Secretaría de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y de Luis Enrique Miranda Nava, el poderoso Subsecretario de Gobierno de esa dependencia. La indicación fue filtrar a algunos columnistas de cierto renombre y con espacios privilegiados de opinión en medios impresos de comunicación con amplia circulación, que pronto habría de incoarse acción penal contra varios Gobernadores señalados de haber incurrido en actos criminales de diversa índole, y esos comentarios sobre las acciones que inicialmente se dijo serían enderezadas contra los Gobernadores Roberto Borge de Quintana Roo, Javier Duarte de Ochoa de Veracruz y César Horacio Duarte Jackez de Chihuahua, fueron acompañados de datos importantes relativos a los hechos delictivos a los que se presume están vinculados, siendo asuntos inherentes al presunto manejo ilícito del erario público en el caso del Quintanarroense Borge y del Chihuahuense Duarte Jackez, y que además de la posible manipulación abusiva de recursos públicos en tratándose del Duarte veracruzano, existen indicios de crímenes ligados a privación ilegal de la libertad, lesiones, desaparición forzada de personas y homicidio, acusándosele profusamente al aún Mandatario veracruzano de haber prohijado dichos actos perversos a muchos comunicadores y activistas de causas sociales a quienes con ello acalló.

Desde el centro del Poder Federal mexicano se ordenó bloquear el intento de esos tres gobernadores que buscaban auto otorgarse un blindaje para evitar ser procesados una vez que terminaran su mandato al frente del Poder Ejecutivo del Estado, ya que mediante reformas legislativas confeccionadas especialmente por ellos y sus lacayos los diputados locales de su partido y de otros afines, planteaban designar a quienes estarían encargados de investigarlos, para asegurar que cualquier indagatoria en su contra fuere desestimada, más al haberse interpuesto sendas acciones legales por la Procuraduría General de La República (PGR) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no pudieron construirse esos aún mandatarios su anhelado escudo protector.

La lista de los presuntos criminales posiblemente involucrados en asuntos ilícitos y que están impunes es mucho muy amplia, razón por la que resulta ser solo un pequeño paliativo el que quizá se vaya a impetrar causa penal contra solo 3 gobernadores y se continúe permitiendo la impunidad de otros muchísimos presuntos infractores de la ley a quienes se achacan daños graves contra el erario, las instituciones y la sociedad, por lo que es de exigirle reiteradamente a Peña Nieto que las posibles acciones contra presuntos delincuentes no sean solo enderezadas en relación a César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borge, porque ahí están al menos otros 20 personajes señalados como vinculados en acciones delictivas, como podrían ser entre otros : Guillermo Padrés y Eduardo Bours exGobernadores de Sonora, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández exgobernadores de Tamaulipas, Leonel Godoy y Fausto Vallejo exmandatarios de Michoacán , Emilio González Márquez y Francisco Ramírez Acuña ex gobernadores de Jalisco, Juan Sabines, Humberto Moreira y Arturo Montiel exgobernadores de Chiapas, Coahuila y Estado de México respectivamente, Luis Armando Reynoso Femat, Juan Manuel Oliva, Narciso Agundez, Ángel Heladio Aguirre Rivero, José Murat y Rodrigo Medina de la Cruz que son exgobernadores de Aguascalientes, Guanajuato, Baja California Sur, Guerrero, Oaxaca y Nuevo León respectivamente, sin poder olvidarnos de caciques sindicales, de la Iglesia Católica, empresarios y funcionarios judiciales que son insistentemente cuestionados y muchos de ellos ya incluso involucrados en averiguaciones penales por presuntos delitos contra la impartición de Justicia y crímenes de tipo pecuniario inherentes a la hacienda pública y contra el patrimonio, la vida e integridad de personas, entre los que se señala a Carlos Romero Deschamps del Sindicato de trabajadores Petroleros, el Auditor Superior de Jalisco Alonso Godoy Pelayo, los empresarios Hinojosa Cantú de ‘Grupo HIGA’, Amado Yáñez de OCEANOGRAFICA, Enrique Coppel de Tiendas COPPEL y Jorge Larrea de Grupo México, así como el Obispo de Antequera en Oaxaca, José Luis Chávez Botello y el Cardenal Juan Sandoval Íñiguez, Arzobispo Emérito de Guadalajara, acusados de Pederastia, esclavismo y hurto de herencias.

Cuando recientemente Peña Nieto impuso como nuevo ‘Gerente en turno’ del Comité Nacional del PRI al tecnócrata Enrique Ochoa Reza, le encomendó enarbolar un discurso tendiente a tratar de estamentar un ‘Re-nuevo PRI’ ,esgrimiendo el nuevo compromiso de ese partido en cuanto a exigir aplicación del rigor de la ley contra funcionarios corruptos, y para consolidar el efecto de esa promesa del nuevo administrador presidencial de su partido es que se está preparando el encauzamiento penal de los dos Duarte y de Borge, más recientemente se ha empezado además a incubar la especie informativa en el sentido que además de los dos Duarte y Borge también entrarán al ‘selecto grupo’ de posibles procesados para justificar la lucha anticorrupción, el exGobernador de Nuevo León Rodrigo Medina de la Cruz y Guillermo Padrés Elías exGobernador de Sonora.

Todas las señales están dadas en cuanto a que habrá algunos cuantos sacrificados con el objeto de ‘taparle el ojo al macho’ y convalidar que sí es una realidad la intención del gobierno de Peña en relación a la lucha contra la impunidad y serían llevados al cadalso cuatro priístas que por sus excesos como gobernantes acentuaron las causas de la gran derrota electoral para el PRI en sus entidades y un panista, con ello pintando multicolor el cuadro alegórico a la Justicia que el régimen actual busca empotrar en la manchada pared cubierta de corrupción, estos 3 ó 4 personajes serían los trofeos que simbolizarían la incipiente acción justiciera del gobierno del Presidente más socialmente rechazado y desacreditado al cargar por siempre el estigma de corrupto.

Además de ser pocas las cabezas a rodar o los abusivos gobernantes a sancionar, su posible castigo llega muy tarde, pues quizá pudo ser útil al PRI de habérseles sancionado desde hace muchos meses o años a estos y muchos otros que han abusado del poder y de sus relaciones cercanas con poderosos, haber actuado antes pudo haber amainado quizá la debacle en los recientes comicios.

Lo cierto es que Peña Nieto ordena acciones cortas y tardías, solo con fines electoreros y buscando con ello congraciarse con el pueblo y amainar la imagen de ineficacia y corrupción, en vez de la aplicación estricta de la ley y la sanción oportuna y merecida a todos los muchos que tanto en el sector público como en el privado y social han causado mucho daño a México, el objetivo es claro y mezquino: tratar de evitar que el escenario de abrumadora derrota para el PRI en las urnas, sucedido en los comicios del pasado 5 de junio en 14 estado del país, se repita en los comicios a efectuarse el próximo 2017 en Nayarit, Coahuila y el Estado de México, preámbulo de posible derrota en la contienda electoral por la Presidencia de la República en 2018.

•CESAR DUARTE Y JAVIER DUARTE: CORRUPCIÓN AL EXTREMO.

Entre 2012 y 2014, la administración del Gobernador de Chihuahua César Horacio Duarte Jackez realizó depósitos por casi 80 mil millones de pesos a una sociedad financiera privada de la que su actual Secretario de Hacienda resultó ser abogado y accionista; en principio se denunció que se trataba de recursos públicos de origen estatal, pero posteriormente la PGR abrió indagatoria concurrente por el presunto desvío de recursos federales en esas transacciones, tras que en diciembre de 2015 se emprendió el analisis del origen del dinero que se envió a dicha sociedad financiera a través de casi 350 transferencias bancarias, operaciones que se dice beneficiaron ilícitamente a la sociedad financiera Unión Progreso que junto con otras, se fusionaron para formar el Banco Progreso, del cual el propio Gobernador obtuvo participación accionaria a través de un fideicomiso.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su análisis de la cuenta pública 2014, advirtió irregularidades en casi todos los programas y subsidios federales revisados, incluyendo operaciones en donde el destino del dinero no fue corroborado y esa investigación se integró a la averiguación previa PGR/UEAF/001/2014-19 que la PGR integra a partir de la denuncia que se interpuso en septiembre de 2014 por enriquecimiento ilícito, uso indebido del servicio púbico y otros delitos, siendo el colectivo ‘Unión Ciudadana’ el que denunció al Gobernador César Duarte, a su Secretario de Hacienda Jaime Herrera Corral y a otros funcionarios que presuntamente utilizaron dinero público y de origen dudoso para impulsar una sociedad financiera de la que eran accionistas.

Uno de los puntos clave fue el Fideicomiso número 74474 abierto en 2012 por el Gobernador César Duarte y su esposa Bertha Olga Gómez Fong, con un fondo de 65 millones de pesos, ya que en el contrato de ese fideicomiso, se establece que el objetivo del mismo es que “en el futuro se adquieren las acciones de BANCO que integran el patrimonio del presente fideicomiso” y en las definiciones se establece como BANCO a la institución de banca múltiple denominada Banco Progreso, que surgirá de una reestructura de sociedades financieras. En 2014 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó la creación de dicho banco de la fusión de la sociedad financiera Unión Progreso y otras.

A fines de 2012, el Gobernador César Duarte buscó a través de varias declaraciones explicar el origen de los fondos depositados en el citado fideicomiso, que según la denuncia incoada en la PGR no se justifican las erogaciones acorde a los ingresos del mandatario estatal pero El Gobernador aseveró que el dinero provenía de ganancias lícitamente obtenidas por su actividad empresarial de comercialización de vehículos y productor agropecuario.

Entre 2012 y 2014 la Tesorería del gobierno estatal de Chihuahua hizo depósitos en dichas sociedades financieras por cientos de millones de pesos, lo que contribuyó a su fortalecimiento y sobre esos depósitos, Duarte quiso matizar el impacto al decir “que era un conflicto de interés relativo” y justificó que se llevaron a cabo porque Unión Progreso ofrecía las mejores tasas de interés, pero posteriormente espetó que esos movimientos fueron autorizados por su Secretario de Hacienda sin su conocimiento. Pese a ser secretario de Hacienda en funciones, Herrera Corral mantuvo su empleo en Unión Progreso. En la autorización de la fundación del Banco Progreso que publicó la Comisión Bancaria en abril de 2014, aparece el nombre del funcionario como representante legal de las sociedades financiera.

Hasta ahora la investigación por estos hechos sigue en curso en la PGR y se espera pronto existan contusiones acusatorias pero además, al auditar la cuenta pública 2014 del Poder Ejecutivo de Chihuahua, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó irregularidades que involucran a la Secretaría de Hacienda estatal en el manejo irregular de 15 partidas de recursos públicos federales, y dichas deficiencias van desde la no comprobación adecuada del destino del dinero, el no gastar el recurso para los conceptos que se destinan y retenerlos, la expedición de facturas irregulares, anomalías en procesos de contratación, ausencia de políticas de gasto y comprobación de resultados entre otras cosas ilegales.

Uno de los dictámenes remitidos por los auditores, relaciona el manejo ilícito de 600 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples y a esto se suma el indicativo directo de incumplimientos en la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Pero aunque César Duarte se dice inocente y ya está tratando de inculpar de todo lo inadecuado a sus subalternos, al parecer estos no están dispuestos a ser chivos expiatorios y se espera aporten la información suficiente que permita deslindar la responsabilidad de César Duarte.

Y al otro Duarte le llueven denuncias, al todavía Gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa lo responsabilizan de desfalcos y diversos otros actos de corrupción, además de urdir desaparición e incluso ejecución de periodistas y activistas con el objeto de acallar sus voces incomodantes.

Algunos exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa han tramitado amparos ante las autoridades correspondientes para evitar ser detenidos por cualquier autoridad estatal o federal. Gabriel Deantes Ramos, exsecretario de trabajo y exfuncionario de Finanzas, Carlos Aguirre Morales, subsecretario de Egresos y Salvador Manzur Díaz, actual delegado de Banobras y extitular de Sefiplan, son quienes han recurrido a dicha figura jurídica después de ser mencionados en las 48 denuncias realizadas por Auditoría Superior de la Federación, ante la Procuraduría General de la República.

Manzur Díaz también fue alcalde de Boca del Río y es recordado entre los veracruzanos por haber sido exhibido en algunas grabaciones en las que se le escucha decir que las personas de la tercera edad “son oro molido” para las elecciones al condicionar programas sociales.

Deantes Ramos fue separado de su cargo en la SEFIPLAN entre filtraciones de presuntas propiedades millonarias en uno de los fraccionamientos más exclusivos del estado además de que presuntamente se dijo había traicionado la confianza del gobernador Duarte de Ochoa. Carlos Aguirre Morales renunció a su puesto ante los señalamientos de la Contraloría General del Estado y fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante tres años.

Recientemente 10 alcaldes de extracción panista y perredista interpusieron una serie de demandas ante la PGR contra Duarte de Ochoa y algunos de sus colaboradores por la retención ilegal de partidas presupuestales federales.

El Gobernador electo y adversario político de Duarte de Ochoa, Miguel Ángel Yunes Linares ha presentado diversas denuncias contra el priísta por enriquecimiento ilícito y evasión fiscal. Yunes Linares asegura que Duarte de Ochoa acumula más de 22 denuncias en su contra debido a los millones de pesos que, según él, han robado de los fondos de salud, educación y seguridad entre otros.

Son ya muchas las empresas que presionan con proceder legalmente debido a la falta de pagos derivados de contratos de obras o prestaciones de servicios al gobierno estatal. Por su parte la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua (CEDHCH) emitió una recomendación por el retraso injustificado en el pago de las pensiones de 707 derechohabientes del Instituto de Pensiones del Estado.

Aunque tardíamente, pero incluso el propio PRI, también parece haberle dado la espalda al Gobernador Duarte ya que diversos integrantes del tricolor han pedido sea expulsado y deje el cargo que actualmente ostenta y quien fuera el abanderado tricolor en las pasadas elecciones Héctor Yunes Landa, hizo público su deseo de que Duarte de Ochoa se separara del cargo y se nombrara un gobernador interino para realizar el proceso de entrega-recepción con el próximo gobierno de alternancia política y él pasado 11 de julio expresó tajante: “Solicito al titular del poder ejecutivo de Veracruz, a Javier Duarte de Ochoa, solicite licencia de manera definitiva al cargo del Gobernador del Estado”.

La PGR ya tiene en la mira al Gobernador de Veracruz, Javier Duarte y a su círculo más cercano de familiares y colaboradores, pues desde el pasado 25 de julio del año en curso solicitó a la Dirección General de Catastro y Valuación de Veracruz información “con carácter de urgente y confidencial” sobre las propiedades que posee el Mandatario entre las que destacan la esposa del Gobernador, Karime Macías Tubilla; su madre, Cecilia de Ochoa Guasti; su hermano, Daniel Duarte de Ochoa, su suegra, María Virginia Yazmín Tubilla Letayf, su concuño José Armando Rodríguez Ayache y el primo de su esposa, Jorge Fernando Ramírez Tubilla (ex subsecretario de Ingresos), esto surge de las actuaciones registradas en la averiguación Criminal FED/SEIDF-UEIDFF-VER/0000691/2016 de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR.

El 5 de julio, el Gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, informó que sus abogados sumaron dos acusaciones en contra de Duarte por desvío de recursos públicos, una en la Fiscalía de Lavado de Dinero de la PGR y otra ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), por evasión fiscal, señala Yunes la existencia de la red de operadores de Javier Duarte para desviar del erario recursos en la compra de bienes en el País y en el extranjero y detalla una lista de 22 “empresas fantasmas”, que fueron creadas al inicio de la Administración de Duarte para justificar pago de contratos por 654 millones de pesos.

Habrá que ver para creer si es que en realidad se atreve Peña a consignar a estos mandatarios y seguir además contra Padrés, Medina de la Cruz y los otros muchos enlistados, especialmente será exigible y encomiable se ejerza acción penal contra todos los que han provocado desfalco, descrédito e insolvencia moral del gobierno federal, que no ha podido o no ha sido capaz de cumplir su promesa y limpiar al país de tanta mugre.

Y por si hicieran falta motivos para que el pueblo esté muy decepcionado y ofendido de y por Peña Nieto, recién anunció el Secretario de Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray Caso que habrá que dictarse un enésimo incremento en el precio de las gasolinas, lo que obviamente genera severo disgusto casi generalizado y no hay a la vista argumentos válidos suficientes como para amainar la furia y el enojo de la comunidad, que habrá de responder en las urnas.

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