Por: Salvador Cosío Gaona
La reciente jornada de elección
realizada en 14 entidades de México el pasado domingo 5 de junio del año en curso, desnudó el acendrado debilitamiento del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pues al sucumbir en nueve de ellas, mostró severo debilitamiento en contraste con la sorpresiva recuperación del Partido Acción Nacional (PAN).
Según resultados de algunos sondeos de opinión publica, el PAN estaría actualmente colocado en mejor posición frente al electorado potencial en las próximas elecciones federales a efectuarse el primer domingo de junio del 2018, en tanto parece además tener una buena plataforma como para ser mucho muy competitivo aspirando a alzarse con la victoria en los comicios estatales a efectuarse en junio del próximo 2017 en Nayarit, Coahuila y Estado de México (EDOMEX), entidades donde se elegirá Gobernador y, especialmente el EDOMEX.
Lo cierto es que las elecciones en Nayarit, Coahuila y EDOMEX, no pintan bien para el PRI, ya que puede incluso perder la gubernatura, la mayoría en Congresos locales y los más importantes Ayuntamientos en esas tres entidades y ello sería un grave escenario para el PRI, sirviendo de preludio de lo que podrá suceder en la elección presidencial del 2018, ya que el PRI podría ser derrotado y no solamente perder la Presidencia de la República sino además de ser abatido en la lucha por ser la mayoría en el Congreso de la Unión, ser avasallado al grado tal de remitírsele al tercer lugar en cuanto a preferencia electoral, atrás del PAN y de MORENA, el partido de Andrés Manuel López Obrador.
Ante el panorama poco alentador está cundiendo la incentivación a generar un movimiento de liberación de la férrea dictadura presidencial sobre las decisiones fundamentales de ese partido, es una lucha de cada vez mayor número de grupos y liderazgos de impacto nacional y en regiones diversas del país, ya que
cada vez son más los priístas que están en desacuerdo con la situación que vive su partido, al que ven como una fuerza política debilitada y en peligro inminente de caer al más profundo abismo, culpando de ello a Peña Nieto pues piensan que el Presidente se ha convertido en un lastre para el PRI y urgen a quitarle el control de la sucesión presidencial para evitar no sólo la derrota en 2018, sino la posibilidad de que los arrastre al tercer lugar como fuerza nacional, ya que al suceder eso piensan que el PRI puede incluso desaparecer, son muchos los prístas que no quieren seguir apoyando a Peña Nieto al considerar que por cómo está ejerciendo el gobierno y en la forma que está conduciendo al PRI, hace que cada vez más el pueblo le dé más aceleradamente la espalda y opinan que el planteamiento presidencial en cuanto a que los resultados benéficos de las famosas reformas estructurales los verán los mexicanos algunos años después que termine su administración sexenal, es un error más.
Hay ya demasiados miembros influyentes en las estructuras regionales priistas que están cada vez más sensibles del clamor popular, porque el gobierno emanado del PRI realice un giro casi total en cuanto al modelo económico que ha venido imponiendo, pues las políticas públicas diseñadas y operadas desde hace ya varios años por los priistas y secundados por los panistas han producido ya al menos 60 millones de pobres.
Es ya perceptible una rebelión que busca convocar a un frente nacional por la dignidad y el fortalecimiento del PRI. Habrá que ver si se deciden y actúan o siguen agachados, murmurando y expresándose soterradamente aplaudiendo y defendiendo hipócritamente al Presidente en foros públicos pero criticando y con acres reclamos en voz baja, que en vez de convertirse en una labor de renovación para retomar fuerza electoral y evitar próximas derrotas se traducen en éxodo y traición al PRI y a los candidatos indeseables impuestos por ‘los dueños en turno’ a través de sus respectivos ‘gerentes en turno’, siendo ya inocultable esa creciente ebullición que proviene de la inconformidad al seno de las filas del PRI tanto en cuanto a diversos personajes con liderazgo tradicional entre la llamada clase política, la histórica y la contemporánea, como entre quienes influyen entre grupos de activistas más jóvenes y menos experimentados pero que provienen de familias integradas o encabezadas por patriarcas que han estado inmersos en la participación activa en tareas políticas tradicionales, y está sucediendo al igual en zonas urbanas populares que en áreas habitadas por gente ubicada socioeconómica y culturalmente en nivel medio y medio alto, en grandes o medianas ciudades, así también sucede en localidades de municipios más pequeños incluso en zonas rurales, tanto en el centro del país como en el resto de entidades federativas de México, sean de cualquier ubicación en la geografía mexicana.
Además del hartazgo por la fallida operación gubernamental en cuanto a los temas económicos y de seguridad, al estarse mermando fuertemente la calidad de vida de la población por falta de crecimiento en los niveles de empleo que producen depauperamiento y disminución de bienestar, acentuado por el incremento en el índice de criminalidad incluyéndose ahí el aumento significativo de niveles de corrupción e impunidad, existe el reclamo ya convertido en hartazgo por la forma de manipular y aprovecharse de los beneficios que produce controlar absolutistamente la vida del PRI.
La exigencia fundamental es que termine la dictadura que sobre las decisiones más importantes del PRI ejerce el Presidente de la República, debiendo generarse un esquema basado en la democracia y participación activa de militantes, con respeto al trabajo en favor de su partido y con auténtico ejercicio de estímulos y sanciones acorde a una eficaz valoración en cuanto a honor y justicia para la militancia, tan democrático como debe ser especialmente la elección de dirigentes y candidatos, acatando lo establecido en los documentos básicos que norman la vida orgánica de ese partido, como son la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos. Se exige cesar la práctica reiterada en cuanto a sacrificar a militantes a fin de privilegiar a quienes muchas veces sin ser siquiera integrantes del partido y mucho menos contar con méritos por su destacada labor partidaria y en la acción sociopolítica, llegan a cargos de relevancia. Ya es enorme el hartazgo en relación a la tan impropia como injusta asignación de candidaturas y cargos de gobierno en entes gubernamentales emanados del PRI o por negociación del partido al ser oposición, al existir queja recurrente sobre el desplazamiento de la militancia para favorecer inadecuadamente en la obtención de privilegios a los amigos o familiares de dirigentes, candidatos y gobernantes.
Tema muy importante en la exigencia de las llamadas bases y cuadros del PRI es que además de que impere la democracia para elegir
candidatos a todo cargo de elección, se privilegie la decisión a favor de quienes posean los mejores atributos personales para atraer mejor al electorado y poder aspirar a ganar elecciones, pudiéndose además del esquema de elección democrática realizar concertación interna, privilegiando el acuerdo entre grupos activos con la mayor presencia al seno del partido y su posible influencia ante la comunidad, en aras de captar simpatías y votos.
Hay un sentimiento especial de rechazo a que el Presidente Peña Nieto imponga al candidato a sucederlo, incubándose además la exigencia en cuanto a que quien deba ser el abanderado del PRI cuente con el mayor respaldo interno y además de una militancia partidista comprobada fehacientemente -sin inventos o apariciones de credenciales apócrifas- de más de 10 años la experiencia política y administrativa deba haber tenido cargos reales e importantes de dirigencia partidaria -sin inventos ni trucos o interpretaciones para dotar a quien se quiera beneficiar- y al menos haber ganado una elección directa y no solo por la vía plurinominal.
De aprobarse esto, de entre los personajes que se han mencionado como posibles aspirantes a sucederlo promovidos por Peña Nieto quedarían fuera del contexto Aurelio Nuño Mayer y José Antonio Meade Kuribeña y sin ser un politico excepcional, el Secretario de Gobernación es quien de los colaboradores cercanos a Peña Nieto tendría más cercano el posible encuadre entre los atributos legales, el cumplimiento estatutario y las cualidades que se señala debe tener quien aspire a ser electo candidato del PRI a la Presidencia de la República.
El ánimo es que los mismos requisitos sean exigibles para las candidaturas a Gobernador, flexibilizando en cuanto a número de años de militancia y el haber sido candidato aun sin haber ganado una elección directa en relación a las candidaturas a cargos legislativos y de gobierno municipal.
Se augura fuerte ebullición y debate, encontronazos entre corrientes políticas y opiniones, pues frente a la exigencia de regresar al dominio de las bases militantes, hay grupos que pugnan por lo contrario, enarbolando la necesidad de que el PRI se abra totalmente y pueda postular a persona sin distingo de tiempo de militancia y experiencia electoral o de dirigencia, por supuesto hay los que pugnan por ello en una posición de apertura tendiente a buscar mejores candidatos, incorporando ciudadanos para mejorar competitividad electoral y los que lo pregonan por estar dentro de los grupos de élite que actualmente dominan al partido y pretenden mantener canongías en tanto siguen dejando de lado a la antigua clase política y se inscriben entre los fans de personajes sin militancia ni experiencia electoral ni partidista como Nuño o Enrique Ochoa, incluso sin ser militantes y haber servido ampliamente al panismo como José Antonio Meade.
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