Por: Salvador Cosío Gaona
Entre escándalos de corrupción y el acendramiento de la desconfianza social, tanto el gobierno como los partidos acentúan el descrédito y falta de aprecio de parte de la sociedad.
Está convulsa la Procuraduría General de la República (PGR) por la renuncia el pasado lunes 17 de octubre del hasta ese día su titular Raúl Cervantes Andrade, a pocos días de cumplir un año de ocupar ese alto cargo, ya que vuelve a ponerse en evidencia el cúmulo de fallas crónicas de dicha institución, que es aún dependiente directa del titular del Poder Ejecutivo Federal a cargo del Presidente Enrique Peña Nieto, siendo la institución responsable de la investigación criminal, el encauzamiento penal y la procuración de Justicia, o sea la encargada de investigar los delitos en México, nuestro sufrido país en el que la impunidad es sin duda el mayor Cáncer.
Raúl Cervantes Andrade es el tercer titular que abandona la PGR durante el actual sexenio a cargo de Peña Nieto, otros tres lo hicieron durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa y hay que remontarse hasta al período presidencial de 1982 a 1988 que estuvo a cargo del entonces Presidente Miguel de la Madrid Hurtado, para encontrar un Procurador General de la República que permaneció los seis años en su encargo: el Doctor en Derecho Sergio García Ramírez.
Durante la comparecencia en el Senado de La República en la que anunció su renuncia como titular de la PGR, Cervantes Andrade aseguró que estaba terminada y lista para activar el proceso legal correspondiente la investigación criminal o carpeta de investigación sobre lo que llamó: “uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y en México se hayan visto”, refiriéndose al famoso ‘Caso Odebrecht’, aunque prefirió no citar el nombre exacto de la señalada y polémica constructora brasileña.
Los reflectores están enfocados al exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX) Emilio Lozoya Austin, acusado por tres exdirectivos de la citada compañía ‘Odebrecht’ de haber recibido 10 millones de dólares en sobornos, algunos durante la campaña presidencial de Peña Nieto. Pero es un asunto que a pesar de ser ya un caso criminal en diversos países, en México se mantiene libre de investigación hasta ahora, que es posible pueda empezar a ser encauzado por la PGR si lo que afirmó el ahora ex titular de la PGR resulta cierto.
Además, México encara otros procesos, como el juicio al exgobernador Javier Duarte o la extradición del también exgobernador Roberto Borge y arrastra otros casos sin resolver, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La renuncia de Raúl Cervantes Andrade abre un vacío en la cúpula de una institución cuyos cimientos hace tiempo que se tambalean. La preocupación, no obstante, va más allá de quién le sustituya en tanto México busca hacerse justicia con una fiscalía independiente, un cambio de paradigma en el funcionamiento de las instituciones. La creación de un Estado de derecho sólido. La presión no cesa entre las organizaciones sociales, que ven en la salida de Raúl Cervantes una oportunidad para acelerar el debate y no dejar pasar más tiempo. El pase automático del ya exprocurador a fiscal general, como pretendía el PRI, generó muchas críticas. Salvado ese obstáculo, la sociedad exige aprobar la normativa para crear la nueva institución.
El ya exprocurador fue sustituido de manera interina por el Subprocurador Alberto Elías Beltrán quien lo ha hecho ya así por tres ocasiones ya que para nombrar un nuevo titular de la PGR se necesitan dos terceras partes de los votos del Senado y es sumamente complejo que el PRI pueda lograr el apoyo suficiente, como ocurrió con el nombramiento de Raúl Cervantes.
Horas después de la renuncia de Cervantes, el presidente Peña Nieto afirmó que no se dan las condiciones para tener un fiscal en el corto plazo, haciendo eco de lo que poco antes había señalado Andrés Manuel López Obrador, líder de MORENA y puntero en todas las encuestas sobre las elecciones presidenciales del próximo año, quien propuso nombrar al futuro Fiscal General después de los comicios de 2018 afirmando:
“Es urgente construir una fiscalía al servicio de los ciudadanos y no del poder, se necesita una institución menos política, la gobernabilidad se ha ido deteriorando y no se han desarrollado los mecanismos para investigar los delitos”, lo cierto es que la institución ha colapsado, es la agonía de un sistema que lleva años descomponiéndose y urge dar prioridad a la construcción de la institución por encima de quién la vaya a dirigir, por lo que puede ser polémico dejar los nombramientos para después de las elecciones, pues aunque se aparte del lío electoral de nada servirá si antes no se diseña una nueva normativa que haga a la institución sustituta de la PGR y tanto a su titular y los más altos funcionarios como a todos sus conformantes, realmente independientes del Poder Ejecutivo u otros factores de poder.
Y es que además de los casos ya citados, hay cientos de asuntos relevantes por su profusión informativa y miles o decenas de miles de indagatorias y procesos pendientes en México, siendo esto una parte importante del Cáncer que para el país es la impunidad que nos agobia y ahoga. Lo más lamentable es que aún existe el fantasma de que Raúl Cervantes pueda ser nominado para ser Fiscal General, lo que tampoco será menos malo o más malo de si amañadamente se designa a cualquier otro personaje cercano a quienes ejercen el poder y se mantenga la procuración de Justicia como eje de la ineficacia y la impunidad. Desgraciadamente hay pocas esperanzas de cambio y mejoría sustancial al respecto.
Los desastres causados por los recientes fenómenos naturales no deben ser motivo para que queden sin resolverse y sancionándose además a los culpables de asuntos como el del famoso Socavón en el llamado Paso Exprés por Cuernavaca de la carretera federal que va de la Ciudad de México al puerto de Acapulco o el tema del conjunto de presuntos ilícitos cometidos por la compañía brasileña Odebretch, en los que se involucra al ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX) Emilio Lozoya Austin, a quien todo indica se pretende proteger al estar vinculándose el tema con financiamiento ilícito al Partido Revolucionario Institucional específicamente en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y por cierto habiéndose encendido el escándalo al haberse cesado recientemente al ahora exFiscal especial para asuntos electorales Santiago Nieto, quien denunció presiones ilícitas precisamente de Lozoya Austin y por tal motivo el encargado del despacho de la PGR Alberto Elías Beltrán lo cesó señalándole comportamiento impropio y violación al código de ética de la institución, lo que ocasionó un gran barrunto en razón del escabroso tema ‘Odebrech-Peña-PRI’ y el próximo proceso electoral de 2018, ya que está acéfala esta importante fiscalía y se produce un nuevo motivo de desconfianza social y política hacia el gobierno priista en turno y las instituciones electorales, así como especialmente al aseo del proceso mismo. Como dicen en el pueblo: ‘¡éramos 20 y la abuela parió!’.
@salvadorcosio1
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