Por: Salvador Cosío Gaona.
Las discrepancias con el gobierno federal mexicano y la percepción de habérseles orquestado una campaña mediática de desprestigio, propiciaron que el famoso ‘Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes’ (GIEI) no opusiere mayor objeción a la decisión gubernamental de conminarlos a dar por concluido su trabajo de más de un año y presentar el informe final sobre su labor de análisis de los crímenes suscitados en Iguala y otros lugares del Estado de Guerrero, en septiembre de 2014.
El Grupo de Expertos prácticamente ha sido echado del país por el gobierno de Enrique Peña Nieto, argumentando que la presencia del GIEI en México se acordó desde un principio con una temporalidad, que incluso fue ampliada a un segundo período de seis meses, el cual termina el 30 de abril.
A lo largo de sus investigaciones, los cinco miembros del GIEI han concluido que no hay evidencia científica para asegurar que los 43 normalistas desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre de 2014, hayan sido ejecutados e incinerados en el basurero del municipio de Cocula, Guerrero, que era el principal argumento de la versión oficial de la Procuraduría General de la República (PGR). Además, develaron la existencia de un quinto autobús de pasajeros donde viajaban normalistas y que a pesar de formar parte de las indagatorias, su importancia no se había difundido.
Los expertos solicitaron insistentemente entrevistar de manera directa a los militares que estuvieron presentes en los escenarios donde se dieron los hechos de Iguala -que dejaron seis muertos, varios lesionados y 43 normalistas desaparecidos, presuntamente a manos de policías municipales en colusión con integrantes del crimen organizado-, pues sus declaraciones son esenciales para el caso, petición que el gobierno federal nunca atendió, razón que se dice, fue determinante en el inicio de la serie de desencuentros entre el GIEI y las autoridades federales, al grado que encabezados del propio The New York Times, le han dado la vuelta al mundo señalando que el gobierno de México ha frustrado las investigaciones de búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El diferendo comenzó cuando el GIEI publicó un informe que contradecía la llamada verdad histórica de la Procuraduría General de la República (PGR) y que también ha sido avalada por el grupo de expertos argentinos, quienes concluyeron que el 27 de septiembre no hubo un incendio lo suficientemente grande, como para que fuesen calcinados los cuerpos de los 43 normalistas, tal como sostiene la versión oficial de los hechos, presentada en enero de 2015 por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, tesis que también choca con los resultados del peritaje a los restos, efectuado por la Universidad de Innsbruck (IMG), en Austria, que establece contundentemente que no coinciden con ninguno de los 41 normalistas desparecidos de Ayotzinapa, hecho que fue informado por la (PGR) en lo que entre líneas podría ser un oficial distanciamiento entre lo antes dicho por el ex procurador Murillo Karam y demás autoridades federales, pues al parecer la actual Procuradora Arely Gómez, se desmarca y estaría en ruta de anunciar posibles novedades que le den un vuelco al asunto de los normalistas desaparecidos.
Este viraje ya se vislumbra desde las históricas disculpas que han ofrecido recientemente los más altos mandos de la milicia y policía federal en el país, por los aberrantes y reprochables actos en que se han visto envueltos y que merman su credibilidad ante los ojos de la sociedad mexicana y comunidad internacional. Inclusive destaca en este nuevo escenario un dato sobre el cual ya se habían pronunciado los peritos argentinos en relación a la presunta identificación del normalista Jhosivani Guerrero de la Cruz, obtenida por el laboratorio de Innsbruck, tras analizar restos del basurero de Cocula enviados por la PGR en 2014, léase Murillo Karam, y es que la gran duda tiene que ver con la forma en que se enviaron las muestras, mismas que pudieron haberse contaminado accidentalmente o deliberadamente en un afán de apoyar la tesis gubernamental de que los estudiantes habían sido calcinados ahí y después esparcido sus restos en el río San Juan. Tan no fue concluyente este hallazgo que después la propia Universidad determinó tras la conclusión de varios peritajes, que los restos analizados no coinciden con ninguno de los normalistas desparecidos de Ayotzinapa.
El informe del GIEI deja importantes claves para el análisis, como por ejemplo el hecho de que al menos 17 detenidos habrían sido torturados, según reportes médicos hechos por las propias autoridades mexicanas, entre ellos están los cinco presuntos sicarios que confesaron ser los autores materiales de asesinar y quemar a los 43 en el basurero de Cocula, en el estado de Guerrero, para después arrojar sus cenizas al río, como indica la versión oficial y mención especial merecen los elementos nuevos que se difunden y con ellos se vuelve a cuestionar fuertemente la llamada «verdad histórica» ofrecida por el ex Procurador Jesús Murillo Karam: un mensaje de celular de un estudiante enviado una hora después de cuando habrían sido asesinados, o las distintas versiones sobre cuándo se encontraron los restos en el río, donde estaba el único hueso que ha sido identificado de manera contundente y que corresponde al estudiante Alexander Mora. Además, hay indicios de que al menos parte de los jóvenes pudieron ser llevados en dirección contraria al basurero.
Si en el primer informe los expertos ya hablaban de un ataque coordinado y al menos en nueve puntos, el nuevo reporte constata que la planificación fue todavía mayor: se extendió por 80 kilómetros, incluida la localidad de Huitzuco, cuya policía también habría participado en los hechos. Este área se llenó de retenes, tanto de policías locales y federales como de miembros del crimen organizado, lo que «muestra un modus operandi coordinado para evitar la huida de los autobuses», según los expertos.
Lo más grave del caso, es que existe evidencia fehaciente de que la Policía Federal y el Ejército estuvieron enterados en tiempo real de lo que pasaba en Iguala, pero este nuevo informe constata que fueron federales los que, además de estar presentes en varias escenas del crimen, se encargaron de organizar los retenes y desvíos carreteros a la altura del Palacio de Justicia para evitar el lugar donde estaban siendo detenidos un grupo de estudiantes pero esto solo aparece en declaraciones de testigos, los agentes no lo mencionan en las suyas. Además, según los expertos, un agente de la Policia Federal mantuvo comunicación constante con Felipe Flores Velázquez, el exjefe de la Policía de Iguala, todavía prófugo, desde diferentes escenarios de los ataques y en momentos distintos pero ni la Policía Federal ni los Militares hacen referencia en sus declaraciones a ese quinto autobús que los expertos señalan, con información clara, que policías federales lo custodiaron hasta la salida de la ciudad de Iguala. Este autobús que se sugirió pudo haber estado involucrado en el negocio del tráfico de heroína entre Iguala y Chicago y tomado por error por los estudiantes, no fue investigado y los expertos dicen que no pudieron verlo porque las autoridades les presentaron otro en su lugar.
En el caso de los militares, los expertos denuncian que hubo variaciones en sus declaraciones, algunas posteriores a su primer informe y que parecen ajustarse a las evidencias que ellos mostraron. También advierten que no se investigaron declaraciones inquietantes como la de un marino que acusa a un miembro del 27 batallón de ser traficante de armas para el cártel Guerreros Unidos; la existencia de un camión militar que patrullaba por donde escaparon algunos normalistas y del porqué el Ejército pidió al hospital las grabaciones de sus cámaras.
Los expertos denuncian la falta de voluntad para investigar a altos funcionarios, a miembros del ejército, o a actores clave a los que todavía no se ha interrogado, así como la dispersión del caso en expedientes distintos, también constatan la falta completa de investigación la noche de los hechos o la mala o nula consignación de pruebas y evidencias, hablan de dilación y demoras por parte de la fiscalía para darles información hasta una semana antes de presentar su informe y de la falta de investigación sobre la hipótesis de que el tráfico de heroína en autobuses de Iguala a México pudo estar en la raíz de todo este asunto. Los expertos insisten en que no hay pruebas que indiquen que entre los alumnos hubiera narcotraficantes infiltrados, como la investigación oficial sugirió en un primer momento a partir de testimonios, y que está comprobado que todas las fuerzas de seguridad sabían que se trataba de estudiantes.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) así como ‘Human Right Watch’ (HRW) han expresado solidaridad con el famoso GIEI, dejando sentir que lo que en realidad fue prácticamente una burda expulsión de estos expertos fue por la molestia que a muchos de los colaboradores de Peña les causó que tras desahogar sus investigaciones hayan concluido que es inverosímil la versión oficial de la Procuraduría General de la República (PGR), pero el asunto ahora es que al parecer quienes urdieron darle este portazo a la OEA, a la CIDH y al GIEI que estas organizaciones multilaterales formaron y enviaron a nuestro país, no esperaban la reacción solidaria de los organismos como la ONU y HRW, además de la amplia cobertura mediática que más allá de las fronteras está teniendo la forma de darle salida forzada al conjunto de peritos y especialmente la fortaleza de sus argumentos y la fuerza especulativa que generan y cómo ello está debilitando al gobierno mexicano.
Y así las cosas, el gobierno federal mexicano que encabeza Peña Nieto enfrenta una nueva embestida que golpea una vez más de manera contundente su credibilidad e imagen, enderezada fieramente desde el extranjero, tanto por el Gobierno de Los Estados Unidos de América, como por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) además del influyente diario ‘The New York Times’ y la más reciente acometida lesiona la credibilidad la credibilidad del gobierno federal mexicano en cuanto a su posición oficial inherente a la llamada ‘verdad historica’ así como al ‘manejo legal’ de las indagatorias de la Procuraduría General de la República (PGR) y la intervención de las instituciones federales de seguridad en relación a los diversos crímenes suscitados en Iguala y otros lugares de Guerrero en Septiembre de 2014, por los que murieron violentamente varias personas y aun se establecen en calidad de desaparecidos forzadamente, el numeroso grupo de estudiantes de la ‘Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa y ello deberá provocar que las autoridades produzcan un vuelco tendiente a mostrar una actitud más anuente al análisis de nuevas circunstancias y posibles novedades en cuanto a elementos que justifiquen la valoración de hipótesis diversas y revisión de la posible aceptación de responsabilidades a cargo de elementos humanos integrantes de la estructura gubernamental, en relación a esos trágicos sucesos criminales que han marcado negativamente a la Nación.
Tras que el ‘Equipo Argentino de Antropología Forense’ (EAAF) afirmó que es falsa la famosa ‘verdad histórica’ planteada por la PGR en tiempos de ‘El cansado’ Jesús Murillo Karam, quien intentó convencer ‘al mundo’ sobre la incineración de los estudiantes de Ayotzinapa en un basurero de Cocula, pues no hay evidencia real y contundente sobre a quién pueden corresponder los restos humanos encontrados ahí, ni de cuándo fueron depositados en dicho lugar, la propia PGR tuvo que ‘apechugar’ e informar que la Universidad de Innsbruck en Austria determinó que no encontró elementos para determinar que los restos que le fueron remitidos para su análisis científico, pudieren pertenecer a los jóvenes normalistas que aun tienen el carácter legal de desaparecidos, pero también se han presentado testimonios en relación a que los despojos enviados para su estudio podrían ser de seres humanos y de bestias irracionales, así como de época diversa a la fecha en que ocurrieron los crímenes sujetos a investigación.
El Departamento de Estado del Gobierno norteamericano pidió al Gobierno mexicano atender las recomendaciones del ‘Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales’ (GIEI) y acusa que este colectivo fue compelido a salir del país en medio de una campaña mediática orquestada con el fin de procurarles desprestigio y reitera que aunque no pudieron concluir su labor, dichos profesionales emitieron un informe en el que se difundieron los obstáculos que dicen para su labor les propinó el gobierno mexicano y resalta que los peritos apuntaron diversas anomalías que causan incertidumbre en relación a la versión oficial sobre los hechos acaecidos en Guerrero, incluyendo la muy posible responsabilidad de militares, policías federales y diversas autoridades, por lo que además la ONU a través de ‘El Alto Comisionado para los Derechos Humanos’ Rupert Colville, acentúo la necesidad de investigar a fondo las pistas que el citado GIEI dejó planteadas sobre la posible manipulación de algunos escenarios claves del caso y la tortura de 17 detenidos para obligarlos a declarar conforme a las líneas dictadas por la PGR para asegurar el relato oficial y ante estas demoledoras observaciones, el propio Presidente Peña Nieto ya ordenó que las propuestas del informe final del GIEI fueran analizadas y se continúe Investigando exhaustivamente las nuevas líneas de investigación sugeridas por el conjunto de científicos que envió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ya, por ello, la PGR ha manifestado que el caso sigue abierto, además la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que tiene abierta una investigación relativa a 47 hechos de posible tortura contra personas que están sujetas a proceso y que han denunciado haber sido forzadas a emitir declaraciones, por lo que este espinoso tema aun dará mucho de que hablar.
Y las preguntas están ahí :
¿Que debe hacer el Presidente Enrique Peña Nieto y su más cercano grupo de colaboradores para salir lo menos golpeados del asunto relativo a los crímenes cometidos en Iguala en Septiembre de 2014, que tienen que ver con los normalistas de Ayotzinapa? ¿Llegó el momento de la titular de la PGR Arely Gomez de abrir el ostión, aunque tengan que desnudarse la participación material e intelectual del ejercito y la policía federal, además de establecer la posible culpa por acción directa o negligencia del que fuere Comisionado Nacional de Seguridad Monte Alejandro Rubido y del ahora exProcurador General de la República Jesús Murillo Karam, aun sea por haber urdido éste la famosa ‘verdad histórica’ ?
Lo cierto es que cada vez está más acorralado el gobierno y, o se abre y señala culpables aceptando las nuevas circunstancias o se empecina jugando con fuego y corriendo el grave riesgo de que le truene en las manos el cohetón cuando instituciones como la CNDH, CIDH, ONU, OEA o Human Rights Watch (HRW) y muchos influyentes medios internacionales ‘encueren’ la posible realidad distinta a la versión oficial?
Lo cierto es que México está en una etapa crucial y es importante señalar que El Presidente Enrique Peña Nieto y su equipo están a prueba, ya que además del momento complejo de la Economía y de la corta expectativa de crecimiento en este y los próximos años, seguimos sin abatir la violencia y los índices criminales y tampoco la percepción negativa que del gobierno tiene la sociedad y del País la comunidad internacional, además siguen pululando sin solución los más impactantes temas que han venido flagelando al país, que se percibe inmerso en corrupción, violaciones al estado de derecho y a los derechos humanos fundamentales y sobre todo cargado de impunidad.
Si bien es cierto que como dijo Don Fernando del Paso hay muchos elementos para afirmar que: ‘en México las cosas no han cambiado sino para empeorar, continúan los atracos, extorsiones, secuestros, desapariciones, feminicidios, discriminación, impunidad y cinismo’, también hay que reconocer que hubo un buen olfato de Roberto Rafael Campa Cifrian al adelantarse a lo expresado con mucha razón por del Paso, quien sin decir nada nuevo sí puso el dedo en la llaga al pintar la situación que se vive en México y recordarlo en su discurso con motivo de haber recibido en España el ‘Premio Cervantes’, máximo galardón de las letras en castellano. Y es que el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación demostró oficio político y cumplió días antes con la encomienda presidencial de aceptar que la insana práctica de la tortura está presente en muchas actividades cotidianas de las que efectúan instituciones públicas responsables de servir al pueblo brindando seguridad y hacen lo contrario, ofreciendo Campa que, siendo algo deleznable y presuntamente rechazado por el gobierno federal, la administración actual que encabeza Peña Nieto hará su máximo esfuerzo para erradicarla. Ojala!.
Pero más allá del tema Ayotzinapa se advierte un incipiente giro en la actitud del Presidente Enrique Peña Nieto y su equipo cercano, en una estrategia emergente para intentar modificar la percepción negativa de la comunidad hacia el gobierno federal por considerarlo inmerso en prácticas deleznables de atropello a los derechos humanos fundamentales, corrupción, impunidad y colusión con actividades delictivas prohijadas por el crimen organizado, y en el mismo tenor como Campa salió ‘a dar la cara’ y empeñar la palabra presidencial en cuanto a que habrá una renovada y firme acción para enmendar, sancionar culpables y resarcir los daños al pueblo ofendido por los funcionarios inmorales y que incurren en actos criminales, es de reconocer la intención de renovar la confianza de la opinión pública nacional y del entorno internacional, al generar esa ágil reacción encaminada tanto para adelantarse a las críticas como para amainar el golpe mediático, como fue el ordenar al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) General Salvador Cienfuegos y al Comisionado Renato Sales Heredia responsable de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), a que públicamente ofrecieran disculpas por los vergonzosos criminales actos de tortura cometidos en Ajuchitlán, Guerrero por elementos de las instituciones a su cargo para obtener ilegalmente la confesión de la joven Elvira Santibañez, presunta delincuente y que fueron balconeados por la sociedad al difundir videos de esos delitos, siendo importante el que ya estén sujetos a proceso los indiciados.
Pero hay que insistir que resulta necesario y urgente que una vez reconociéndose los atropellos causados por soldados del Ejército o La Marina, así como agentes de la Policía Federal, se identifique a todos los culpables y se les sancione ejemplarmente, tratándose de casos de barbarie como los ocurridos en Tlatlaya, Apatzingán, Óstula, Tanhuato, Aguas Blancas, San Mateo Atenco y muchos otros más en que han caído arteramente ejecutados, muchos seres humanos tanto víctimas con improbable culpabilidad en asuntos delictivos como otros que pidiendo quizá ser motivo de un debido proceso penal, fueron bárbaramente fusilados sin otorgar la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva de un juicio adecuado y poder demostrar su inocencia, habiéndoseles aplicado un Anticonstitucional juicio sumario, aplicándoles inmediata pena de muerte.
Son muchos los retos y demasiadas las metas por lograr a efecto que el país esté en condiciones de ser advertido como una Nación propicia para que vuelvan a fluir las inversiones privadas desde el exterior o que los inversionistas locales dejen de tener sus recursos en el exterior, es momento de exigir atención y acción a los que deben hacerlo a fin que México retome su paso por un buen nivel de bienestar para la población.
Y la pregunta clave es : ¿ya habrá entendido Peña Nieto la gravedad del momento tan complicado que vive el País y el enorme riesgo de seguir acentuándose el desmoronamiento de la credibilidad de las instituciones mexicanas ? ¿Qué espera el Presidente para realizar acciones eficaces para amainar la crisis específica de rechazo local e internacional y buscar recuperar la confianza que ayude a que México se recupere y renazca la esperanza de un mejor presente y un mayor porvenir?
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