Por: Salvador Cosío Gaona
Salvo el episodio relativo al golpe de estado que encabezó el General Victoriano Huerta, quien traicionando al Presidente Francisco Indalecio Madero encabezó su derrocamiento para apoltronarse en la silla presidencial, en México no hay un historial trascendente de ‘gorilatos’ como en efecto es una situación que ha tenido demasiada incidencia en muchos países de Centro y Sudamérica. Se identifica en el argot político a los gorilas como aquellos que al amparo del poder que les da su fuerza armada, violentan las normas legales establecidas provocando remoción o derrocamiento de gobernantes legalmente electos e imponen regímenes gubernamentales antidemocráticos de manera forzada.
Y en Brasil hay gorilas con y sin uniforme y los gorilas políticos enfundados en su potestad de parlamentarios asestaron un golpe de estado, sin uso de fuerza armada pero, aunque en forma no abierta, con el apoyo de los altos mandos castrenses, pues el conjunto de líderes partidistas que tienen el control de La Fiscalía Nacional y del Poder Legislativo de Brasil obligaron ilegalmente a separarse temporalmente de su cargo a la Presidenta Dilma Rousseff.
Sin sorpresas, dado que estaba muy claro que el Poder Legislativo de Brasil pondría a Dilma Rousseff a bailar samba, se consumó la muy polémica orden parlamentaria para la separación de su cargo de Presidenta hasta por 180 días a fin de que en ese tiempo se desahogue un juicio político en el que lo más seguro es que dicte sentencia determinando sea formal y permanentemente retirada de su investidura presidencial y además muy probablemente sujetarla a causa penal, en el primer paso de este asunto que se decantó paulatinamente, hasta concluir la primera acción propinándole el severo golpe al Estado Brasileño, en un proceso tildado de ilegalidad e ilegitimidad, sin que hayan funcionado los recursos legales que para combatir su separación temporal fueron presentados por los abogados del Poder Ejecutivo, aún a cargo de Rousseff.
Dilma y su equipo jurídico y político no pudieron evitar la primera caída que parece el preludio de una derrota definitiva y la posibilidad que su instituto político, el Partido de los Trabajadores (PT), del que es Líder el exPresidente Luis Inacio Lula da Silva (LULA), vea truncado su ciclo de varios lustros de preminencia política electoral en el país más grande del cono sur americano, esa nación a la que el propio LULA aspira a volver a gobernar buscando ganar la próxima elección en calidad de candidato presidencial del PT, situación que a pesar de la popularidad del patriarca del movimiento obrero organizado políticamente, se antoja en franco declive ante el severo desgaste que ha venido sufriendo, tanto por la accidentada gestión que a cargo de la Presidencia ha tenido su pupila Rousseff, especialmente en su segundo período que se ha visto pleno de choques contra algunos influyentes sectores de la sociedad y especialmente frente a las otras fuerzas políticas, no logrando mantener el respaldo de un grupo importante y muy numeroso de formaciones políticas de izquierda, centro izquierda y centro, que tradicionalmente fueron parte de su básico soporte y al retirarle su apoyo, la debilitaron tanto como al instituto político del que forma parte, el PT y a su líder moral, el legendario LULA.
Dilma propició el que sus enemigos políticos operaran el movimiento parlamentario para separarla de la Presidencia, al provocar el descontento social por diversas decisiones antipáticas para el pueblo, pero fundamentalmente por la falta de pericia para preservar alianzas y la torpeza mostrada para evitar el rencor de sus enemigos políticos y en especial de quienes fueron sus aliados y por presuntos agravios le dieron la espalda y de nada le sirvió haber intentado tardíamente incorporar nuevamente a la operación política directa al más reciente exmandatario, su maestro y promotor LULA, pues además que no logró encumbrarlo como Jefe de Gabinete, pues varias estrategias de sus rivales políticos les funcionaron para evitar la llegada del carismático líder a quien ya se le había designado para ocupar la más importante responsabilidad administrativa y política después de la Presidencia, tanto para intentar ayudarle a gobernar y además cabildear el apoyo de otros líderes partidistas, como para fortalecer el alicaído nivel de respaldo popular a favor del gobierno de su alumna favorita, y de paso consolidar su propia plataforma electoral de cara a la reciente manifestación en cuanto a la tarea de buscar ser candidato presidencial, pero además por construir un blindaje para evitar ser aprehendido y procesado en cuanto a las acusaciones de actividades ilícitas como Mandatario, recordándose que el carismático Líder está inmerso en una causa penal abierta en relación a un escándalo de presunta corrupción afectando a las finanzas públicas cuando fue Presidente y fue incluso sacado de su casa y llevado obligadamente a declarar ante la Fiscalía Nacional.
Tras aprobarse en comisiones, el Jefe del Parlamento y enemigo del clan LULA-DILMA, Álvaro Cunha, orquestó la andanada contra DILMA y LULA y de nada valió que mediante un recurso legal fuere descalificado y cesado de su encargo, dado que sus compañeros tanto de partidos regularmente enfrentados con el PT e incluso muchos de los partidos tradicionalmente aliados le dieron la espalda y lograron los votos necesarios para aprobar en comisiones legislativas y en pleno parlamentario el procedimiento contra la hoy Presidenta suspendida, quien fue sustituida por su ahora enemigo y antiguo aliado, el otrora Vicepresidente Michel Temer, pero Rousseff no pierde la esperanza de dar el campanazo que haga que algún recurso del más alto nivel del Poder Judicial le retorne a desempeñar su alta responsabilidad, dado que ya esa máxima instancia jurisdiccional resolvió favorablemente a los intereses de la lideresa, pues determinó la suspensión como Parlamentario de Alvaro Cunha, lo que tenía por objetivo detener el proceso inquisitorio, pero ni esa separación forzada de Cunha pudo evitar el ‘guadañazo’ que la tiene al borde del colapso global y que ello genere el desprestigio del PT evitándose que LULA pueda ganar la próxima elección para su partido.
Dilma es víctima de un grupo de líderes de partidos gerencialistas aliados con empresarios descontentos con su forma de ejercer el poder, que operaron un auténtico golpe de estado para deshacerse de una Presidenta constitucionalmente electa e imponer a otro mandatario sin pasar por las urnas, ya que Rousseff no enfrenta ningún cargo de enriquecimiento personal y solo se le acusa de obstruir una investigación de corrupción en la estatal Petrobras y haber utilizado recursos de unas partidas para ocultar números deficitarios en otras y mostrar mejores números en negociaciones con financieros internacionales, práctica común en México y decenas de gobiernos de diversos países, en tanto como absurda paradoja el 60 por ciento de los senadores y el 54 por ciento de los diputados que la destituyeron están acusados de actos de corrupción y hasta de secuestro.
La recesión por el mal manejo de la economía y finanzas y escándalos como el de PETROBRAS generaron la acentuada pérdida de confianza y él incremento del rechazo socio político hacia la Presidenta de Brasil, motivando el operativo de sus opositores para removerla del cargo. Bien debería entonces reflexionar el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, en cuanto a que en una similitud con lo ocurrido en Brasil, la ineficaz política económica, grave inseguridad y desmedidas corrupción e impunidad puedan provocar el incontrolable hartazgo social que impulse la rebelión y con ello una fuerte lucha social en búsqueda de su destitución.
De los 20 presidentes elegidos en las urnas en los últimos 90 años en Brasil, sólo cinco concluyeron su mandato: Getulio Vargas se suicidó en 1954; Janio Quadros tuvo que renunciar en 1961, por presiones militares; un golpe derrocó a Joao Goulart en 1964 y no regresó el poder hasta 1983; Tancredo Neves murió en 1985. Collor de Melo tuvo que renunciar por corrupción en 1992.
Al respecto Dilma ha señalado ser víctima de un golpe de estado y para muchos analistas y líderes políticos locales y de la opinión pública internacional, otro factor contra Rousseff es el machismo brasileño, pues como ejemplo está el que ha sido atacada usando imágenes misóginas y violentas en una dura campaña en su contra, para generar respaldo social ante el golpe de estado disfrazado de juicio político, burlándose de su ropa poco femenina y de su cuerpo en un país líder en operaciones de cirugía estética. El tono misógino de gran parte de la campaña de desprestigio en las redes sociales es tan extendido, que las Naciones Unidas emitieron un comunicado el mes pasado en el cual advertían: “Ningún desacuerdo o protesta política puede justificar la trivialización de la violencia de género, una práctica misógina y patriarcal que atenta contra la dignidad humana”.
Los gorilas políticos y sus aliados del ámbito gerencial generaron imágenes en portadas de revistas destacándola como una mujer emocionalmente inestable e incapaz para dirigir al país.
La denuncia de que se trata de un golpe de Estado, recuerda inevitablemente a las declaraciones que hicieron Manuel Zelaya en 2009 y Fernado Lugo en 2012, cuando fueron destituidos de sus respectivos cargos al frente de los gobiernos de Honduras y de Paraguay. El 28 de junio de 2009, Manuel Zelaya, ya despojado de su cargo de mandatario de Honduras, fue detenido por militares que allanaron la casa presidencial, trasladado a la base de la fuerza aérea en el sur de Tegucigalpa, y expulsado a Costa Rica, había asumido el cargo el 27 de enero de 2006, después de haber ganado las elecciones de 2005 de la mano del Partido Liberal y el primer día de su gestión presidencial, aprobó la Ley de Participación Ciudadana que permitiría consultar a los ciudadanos sobre las principales cuestiones nacionales. A partir de esa ley, en 2009 propuso hacer una consulta popular en junio sobre la posible elección de una Asamblea Constituyente que modificara la Constitución de 1981. Y para refrendar la decisión ciudadana, colocaría una cuarta urna en los colegios electorales durante las elecciones de noviembre, pero la oposición alegó que la intención de Zelaya era modificar la Constitución para poder postularse para un segundo mandato, algo que está prohibido y con base en una ley que se había promulgado cinco días después de la consulta, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior Electoral calificaron de ilegal el acto de Zelaya, concluyeron que era responsable de los delitos de «traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones en perjuicio del Estado de Honduras» y el 26 de junio la Corte Suprema emitió una orden de captura contra él, lo que ocurriría dos días después.
Una afirmación similar realizó Fernando Lugo, el ya depuesto Presidente de Paraguay, en 2012. «Fue un golpe de Estado que permitió el reposicionamiento de la clase oligárquica privilegiada históricamente», definió Lugo al juicio político que en junio de 2012 lo obligaría a separase de la presidencia.
De acuerdo a la Constitución de Brasil, el «impeachment» a un presidente debería estar fundado en crímenes graves cometidos durante su mandato, pero en el caso de Dilma no hay indicios de ello y en sentido contrario, hay consenso en cuanto a que es una de las políticas más honestas de América Latina y
la suspensión por al menos seis meses de la presidenta Rousseff, supondrá un verdadero golpe de timón en la geopolítica regional, que separará al país del bloque «bolivariano» al que estuvo alineado en los últimos trece años. La Organización de Estados Americanos anunció que consultará sobre la legalidad del pedido de impeachment a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José. Su secretario general, Luis Almagro, ha dado claras señales de apoyo a Rousseff visitándola dos veces en el último mes.
El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) y Petrobras, han sido los vehículos principales de la estrategia de economía dirigida por el régimen presidido por Dilma Rousseff y en buena medida fue el colapso de la inversión de Petrobras, debido al desplome del precio internacional del petróleo y la investigación judicial conocida como Lava jato sobre una red sobornos canalizados a través de la icónica petrolera estatal lo que puso en marcha la debacle de la hoy presidenta inmersa en un juicio político que busca de fondo su separación del cargo, pero además fue la decisión atrevida de Rousseff de usar el BNDES y otros bancos públicos para forzar el decremento de los elevadísimos tipos de interés en Brasil, lo que desató la ira de la banca privada y de los mercados financieros, así como el inicio del prolongado acoso al gobierno que terminó con la destitución casi definitiva de Rousseff.
Se inventó un pretexto a partir de las llamadas “pedaladas” fiscales, el uso de préstamos de los bancos públicos para reducir provisionalmente el déficit presupuestario, algo habitual en Brasil y legal, según la interpretación de Rousseff.
Pero los motivos reales fueron otros, la crisis económica y las medidas que Dilma adoptó para hacerle frente provocaron animadversión en la oligarquía que detenta el poder e intereses superiores al del pueblo y esto empezó cuando Dilma intentó reducir la diferencia entre los intereses que pagan los bancos y los que cobran, que eran gigantescos, lo que los bancos privados no se lo perdonaron.
Una de las consecuencias más importantes de la salida de Dilma puede ser el fortalecimiento de Argentina como líder regional, ya que es evidente que el mandatario argentino Mauricio Macri incrementará su protagonismo para impulsar renovación de los procesos de integración y al respecto el Ministro de Hacienda argentino Alfonso Prat-Gay, ha expresado que lo sucedido en Brasil es una oportunidad para refundar el MERCOSUR.
Atrás quedarán las imposiciones del eje bolivariano Venezuela, Brasil y la Argentina de los Kirchner. El mandatario argentino acaricia la idea de un giro del MERCOSUR hacia la Alianza del Pacífico y aboga por el relanzamiento de las estancadas negociaciones por un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.
El nuevo gobierno brasileño interino a cargo de Michel Temer, no tardó en anunciar un nuevo proyecto de privatización de todo lo que sea posible, en sectores como el petróleo, eléctrico, puertos y aeropuertos. Aunque el gobierno no se ha expresado sobre esto, la ley del PT que daba preferencia a Petrobras y a los proveedores locales en la explotación del petróleo en el Atlántico, probablemente será revisado a la luz de un plan neoliberalista. Será parte de un plan de elevar los ingresos del estado para reducir el déficit brasileño de 10% del Producto Interno Bruto (PIB) y prevenir una crisis de solvencia en un país que paga intereses elevadísimos sobre su deuda, equivalentes al 20% del PIB, una salida de dinero desde el estado a los bancos y los inversores en bonos.
En tanto, crecen las presiones sobre BNDES, elogiado durante la crisis financiera mundial del 2008 -2010 como un ejemplo modélico de cómo la banca pública puede evitar los problemas especulativos de la banca privada. Henrique Merielles, el nuevo ministro de Hacienda, ya señaló que los bancos públicos “serán valorados con criterios técnicos”.
El Ministro de Hacienda y responsable de intentar bajar tipos de interés en el primer gobierno de Dilma Rousseff, Guido Mantega, descalificado en los medios por ser el arquitecto del desastre económico en Brasil, fue detenido la semana pasada y forzado a dar testimonio ante un fiscal en Sao Paulo acusado de corrupción.
Dilma Rousseff tendrá seis meses para articular su defensa en un juicio político al que fue atrastrada por acción, inacción, complicidad o ingenuidad.
A diferencia de en Brasil, cuyas fuerzas armadas participan hasta ahora casi simbólicamente en la operación de gorilas políticos que derrocan a la mandataria legítima, en otros países como México, el empoderamiento de las instituciones castrenses es tan grande como la importancia para definir un golpe de estado o una revolución social.
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