DESAZOLVE #ASESINOSyUNIFORMES

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Por: Salvador Cosío Gaona.

Por segunda ocasión en el lapso de aproximadamente 30 días, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha denostado la incapacidad para hacer imperar la Justicia y salvaguardar los derechos humanos fundamentales, ya que a mediados del pasado mes de abril el Alto Comisionado para Derechos Humanos de la más importante institución multilateral reconvino al gobierno federal mexicano, especialmente a las instituciones del Poder Ejecutivo, por la forma inadecuada de gestión del asunto inherente a los crímenes perpetrados en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.

Acentuó las omisiones en la indagatoria y la forma como se percibe la posible pretensión de manipular para imponer como verídica y única la llamada ‘verdad histórica’, como la Procuraduría General de la República (PGR) bautizó en voz del ahora extitular de esa dependencia Jesús Murillo Karam, a la versión o hipótesis gubernamental sobre lo acontecido, criticando además la forma errada de prácticamente expulsar del país al denominado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que a petición del propio gobierno mexicano formó y fue enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tutelado por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Recordemos que el citado grupo de peritos expertos en diversas materias acudió a coadyuvar y tras investigar, elaboró un informe detallado sobre los acontecimientos que al contradecir la historia oficial de los sucesos en Iguala, fue denostado por gobernantes y algunos editorialistas de tendencia apoyadora irrestricta del poder ejecutivo federal, más su informe y actuación investigadora han sido ampliamente respaldados tanto por la ONU como por el Departamento de Estado del gobierno de Los Estados Unidos de América y otras diversas organizaciones civiles con impacto internacional como Human Right Watch (HRW).

Pero ahora la expresión crítica que la ONU hace al gobierno mexicano es en relación a la forma como se pretende desvanecer el tema de la responsabilidad del Ejército Mexicano en cuanto a la matanza de civiles por un comando de militares en la población de Tlatlaya en el Estado de México, ya que la reciente exoneración de los de por sí pocos militares que fueron detenidos y sujetos a proceso penal en calidad de presuntos implicados en la supuesta ejecución extrajudicial de al menos 12 civiles, ha llevado al Alto Comisionado de la ONU a declararse profundamente preocupado por la impunidad y exige que se investigue, capture y sancione a los soldados que participaron en la realización de los arteros crímenes, así como a los altos y medianos mandos del Ejército por su posible participación en la planeación o su encubrimiento.

El caso Tlatlaya ha vuelto a generar señalamiento, cuestionándose el papel del Ejército Mexicano para participar adecuadamente en las acciones de lucha contra el narcotrafico y en general con el crimen organizado a la par, pero lo más importante, señalando con índice de fuego la capacidad de las autoridades administrativas y políticas para someter a efectivos y personal de mando en las dependencias militares, ya que siendo casi 50,000 los soldados destinados por la cúpula militar al combate del crimen organizado, las fuerzas armadas castrenses se han convertido en piedra angular de la estrategia de seguridad pero también, como ha denunciado reiteradas veces la ONU, en una cantera inagotable de abusos contra la sociedad y aunque se han difundido y sustentado ya muchos abusos contra el pueblo, son demasiado pocos los procesos penales incoados para indagar y sancionar a miembros de las instituciones militares.

Es de recordar que existe una gran polémica en relación a la forma real como se desarrollaron los acontecimientos en que la noche del 30 de junio o la madrugada del 1 de julio de 2014, cuando fueron ejecutados por soldados en Tlatlaya del Estado de México 22 civiles, supuestos integrantes de la narco, quienes murieron fusilados a mansalva por los militares, sin que existiera justificación alguna para el abusivo uso de la fuerza mortífera de las armas y dado que aunque se afirma por más autoridades militares que hubo un intercambio de disparos entre los militares y los presuntos delincuentes, que habrían sido quienes -a dicho de los soldados- iniciaron la agresión.

Extrañamente ningún soldado fue herido ni mucho menos asesinado por las balas de los presuntos agresores, pero además que entre las personas ejecutadas por las balas de militares había menores de edad y gente que en forma evidente carecía de parecer vinculada a asuntos delincuenciales, fueron sometidos y fusilados estando amarrados e hincados, además que hay evidencias en cuanto a la barbarie cometida pues aun suponiendo sin conceder que algunos o todos de los asesinados fueren presuntos implicados en crímenes graves, se les negó el derecho o garantía elemental de un debido proceso a fin de que pudieren ser asistidos legalmente para poder defender su posible inocencia.

Tras que fue difundida desde el extranjero la información relativa a la matanza que había sido mantenida en secreto, y a pesar que posteriormente se buscó desvirtuar el que se hubieren cometido ilícitos, procurando atenuar cualquier tipo de posible responsabilidad a cargo de soldados participantes, al incluso propiciarse manipulación de datos, pruebas, escenarios y declaraciones, tanto por el Ejército y la Secretaría de Gobernación con el apoyo de las autoridades estatales, fue demasiada la presión social desde México y el extranjero y se provocó que la PGR, investigara el caso concluyendo que las versiones de testigos y otros elementos forenses señalaban claramente que tres de los soldados que integraban el comando habían abusado y asesinaron a mansalva a ocho personas y dichos soldados fueron sometidos a proceso penal.

Tras que se detuvo a esos pocos militares que fueron sometidos a juicio, la Comisión Nacional de Atención a Víctimas ofreció indemnizar a los familiares de las víctimas, tras evidenciarse en forma contundente las irregularidades y contradicciones relativas a las versiones oficiales sobre los crímenes, además una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), concluyó que tras rendirse, el grupo de entre 12 y 15 civiles habrían sido ejecutados a mansalva en forma artera y salvaje por los soldados, de manera tal que después del proceso indagatorio, la PGR incriminó a esos tres soldados acusándolos formalmente de los delitos de homicidio, encubrimiento y haber alterado la escena del crimen.

Pero como es sabido, el pasado viernes 13 de mayo el Juez Federal a cargo del proceso penal contra los 3 elementos militares indiciados como autores materiales de los crímenes en la matanza de Tlatlaya, los exoneró aduciendo ineficacia o carencia de fortaleza de las pruebas incriminatorias presentadas por la PGR y esa decisión judicial volvió a incentivar el mayor nivel de falta de confianza social en relación a más autoridades y en especial en cuanto al sistema de Justicia en México.

A la queja de los familiares de las victimas y sus abogados señalando ineptitud, ineficacia y falta de probidad del Juez, al haber desestimado los testimonios de los testigos en base a nimiedades o contradicciones menores, se ha sumado el señalamiento que al respecto ha expresado El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, quien hace un llamado exigiendo se asegure una investigación rigurosa, efectiva, imparcial, independiente y rápida y pone el dedo en la llaga al presumir abiertamente la parcialidad del juzgador que procuró favorecer a los militares por temor a la reacción de las fuerzas militares, quizá habiendo mediador instrucción de altos funcionarios del Poder Ejecutivo Federal que podrían haber intervenido ante las más altas autoridades del Poder Judicial de la Federación para orientar la decisión del Juez, evitando la condena a los militares acusados con el fin de evitar reacción furibunda de la clase castrense y el retiro del respaldo a las autoridades administrativas federales, para quienes representan un imperativo respaldo en pro de sostener la gobernabilidad con el amago de la fuerza de las armas como apoyo a las tareas contra la inseguridad, o incluso por no violentar la relación entre instituciones por el temor que existe en cuanto a que la Élite castrense se rebele y provoque problemas a la clase política gobernante.

El señalamiento severo del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos dice: “Las investigaciones deben ser ampliadas para abarcar a todos aquellos que resulten responsables, incluyendo a altos mandos militares que pueden haber tenido responsabilidad de mando, así como a aquellos que habrían alterado la escena del crimen o hubieran ordenado esa alteración” y esa advertencia surge en un momento especial en que las fuerzas armadas tienen infinidad de acusaciones por presuntas y continuas acciones de abusos, habiendo cundido videos y testimonios sobre la proliferación de la práctica de la tortura perpetradas por elementos militares, al grado tal que el pasado mes de abril el propio Secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos, tuvo que dar la cara y ofrecer disculpas a la sociedad mexicana por los posibles actos delictivos cometidos por soldados y ofreció identificarlos, detenerlos y provocar someterlos a proceso penal para que tras ser juzgados y sentenciados debieren ser motivo de una sanción ejemplar, además que el Subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, Roberto Rafael Campa Cifrian, debió también salir a la palestra a fin de secundar lo referido por el General Cienfuegos, pero a la vez señalando que para el gobierno federal mexicano a cargo del Presidente Enrique Peña Nieto, la tortura no era jamás admisible y tras aceptar que esta aberrante práctica era algo que indebidamente estaba cundiendo en la operación y tarea de las corporaciones policiales y las fuerzas armadas, ofreció la acción férrea del Poder Ejecutivo Federal para erradicar la tortura y en global todo tipo de acciones ilícitas de parte de elementos de seguridad, además de prometer ahondar en la tarea de procurar castigo ejemplar a quienes de esa forma flagelaren al pueblo, pero lamentablemente esta decisión judicial en el caso Tlatlaya intensifica de nuevo la gran desconfianza de la población en relación a esta actitud que se advirtió positiva y ahora queda en entredicho.

Y por más que era algo que se sabía podría suceder, había esperanza de que finalmente se dictara al menos sentencia condenatoria contra los pocos soldados detenidos e incriminados. Es lamentable que un Juez Federal haya ordenado liberar a los militares Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández, al desestimar las pruebas presentadas por la PGR, exonerando a esos elementos castrenses de los delitos de homicidio, encubrimiento y alteración del lugar de los hechos.

La decisión del Juez provoca reclamos y acendra el sentimiento social en cuanto a que en México es especialmente intocable El Ejército y pese a la existencia de evidencias claras, no hay forma de lograr se procese adecuadamente y de esa forma se sancione de forma ejemplar a los soldados y sus mandos que abusan del poder que les da su condición de fuerza armada y siguen siendo privilegiados, por lo que gozan de una gran protección, especulándose que impera el temor a molestar a la jerarquía castrense y son un Estado dentro del Estado, con canonjías especiales que les otorga el permiso de actuar y violentar el estado de derecho, son intocables por el temor que se les tiene en tanto si se irritan son capaces de provocar desestabilización del gobierno y hasta derrocarlo.

Es ese pues el mayor terror que la sociedad mexicana tiene: el que sea más grande el terror reverencial a las fuerzas armadas y ello, así como en ‘viernes 13’ provoca el terror de vivir en un país en el que impera la ley del más fuerte y la legalidad es prácticamente letra muerta y ahora queda seguir viviendo en medio del terror de ser parte de las miles de víctimas de los atropellos de militares y policías que actúan salvajemente deteniendo, juzgando y ejecutando sin juicio legal tanto a posibles criminales como a inocentes, pero a la vez quizá también ser víctimas de las acciones de funcionarios que exoneran o incluso buscan capturar a reales delincuentes.

No obstante ser una institución fundamental para la defensa de la nación, el Ejército mexicano lleva varios años en el cuerpo del huracán, entre acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones e incluso, lo que ha parecido ser una política interior no especificada en ningún código, “abatir delincuentes en horas de oscuridad” y provoca terror saber que no hay forma alguna de poner freno al abuso de poder de las fuerzas armadas en México y la correspondiente impunidad, y estando pendiente se resuelvan asuntos delicados como otros muchos diversos conflictos suscitados en poblaciones de Guerrero, Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz, Puebla, Nuevo León, Morelos, entre otras entidades de México, en que existe la presunta actuación delincuencial y bárbara de elementos componentes de instituciones y dependencias de seguridad tanto policiales como militares, hay pesimismo al presentirse que como a los señalados en el caso de Tlatlaya, también habrá exoneración contra quienes cometieron crímenes en esos escenarios y están impunes.

¿Cuanto tiempo deberemos vivir aterrorizados por las armas de quienes deberían cuidar la seguridad nacional y al amparo de uniformes abusan del poder y generan impotencia al provocar sentirnos viviendo en la Uganda del Dictador Idi Amin Dada?

Es de insistirse en la necesidad de extremar los procedimientos de ‘Control de Confianza’ y un real esquema de ‘Honor y Justicia’, otorgando estímulo y apoyos a los muchos honestos y eficaces elementos pero identificando a los criminales uniformados y además de expulsarlos, someterlos a proceso y aplicar una sanción ejemplar.

@salvadorcosio1
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