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Barca sin remos

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Por: Jaime Castillo Copado

Y la indigencia crece

La pobreza extrema o indigencia, entendida como la situación en que el individuo no dispone de los recursos que permitan satisfacer al menos las necesidades básicas, es un factor en crecimiento en nuestro país.

Según las proyecciones del Panorama Social de América Latina 2015, entre el 2013 y 2014, el número de pobres de la región se incrementó en alrededor de 2 millones de personas (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2015). No obstante que la pobreza e indigencia disminuyen en la mayoría de los países de América Latina, en México estos factores muestran un crecimiento.

Entre 2010 y 2014, los índices de marginación social aumentaron un punto porcentual, lo que significa que al menos un 53.2% de la población mexicana vivió este periodo en condiciones de miseria. Paralelamente, la indigencia ascendió a 20.6%, 0.4 puntos porcentuales más que en 2010 (CEPAL 2015).

Según los teóricos, la indigencia es una manifestación social que se caracteriza por el desarraigo y la estigmatización de hombres y mujeres adultos, que viven y satisfacen sus necesidades en las calles de las zonas urbanas, en las que desarrollan su cotidianidad, realizando actividades vinculadas con la precariedad.

Diversos estudios acerca de la evolución de la pobreza en México, dan cuenta que prácticamente todo el crecimiento en la pobreza es urbano, y que además, “la pobreza urbana no sólo ha estado creciendo más rápido, sino que también es el tipo de pobreza más vulnerable durante las crisis, dado que el ingreso de su población está más sujeto a esas fluctuaciones” (Boltvinik & Damián, 2001, p. 49).
La situación de indigencia en la persona se contrapone con los principios contenidos en la Constitución, toda vez que quien la padece carece del reconocimiento de una amplia gama de los derechos humanos, entre los que destacan: un nivel de vida adecuado, agua potable, educación, asistencia médica, seguridad, social, entre muchos otros.

La indigencia es un fenómeno a la vista de todos; de tal suerte que un principio, para reconocer esta situación como un problema social, es comenzar hacer visibles a los indigentes, conocer quiénes y cuántos son. Uno de los principales problemas del estudio de la indigencia en nuestro país, radica en el enfoque con que las diversas instituciones gubernamentales abordan esta situación del individuo, al englobarla en parámetros económicos y sociales, sin reparar en la figura de la persona como acreedor de los derechos humanos consignados en la Constitución y los tratados internacionales.

Una posibilidad de enfrentar la situación de indigencia de millones de personas en nuestro país, radica en el cambio de enfoque y estudio con que el Gobierno Federal interviene este problema a nivel nacional, tendiente a la cuantificación de datos estadísticos basados en el registro de ítems económicos, como la ocupación y el ingreso de las personas. En la actualidad, los indigentes forman parte de cuadros estadísticos que van en ascenso, sin particularizar clínicamente cada uno de los casos, sometiendo además a los individuos a la estigmatización y segregación social, ya que “se encuentran fuera de los canales de información y no son tomadas en cuenta como un grupo social en la toma de decisiones, ya que su estilo de vida se excluye de la cultura socialmente aceptada” (Rojas Madrigal, 2006, p.10).

La indigencia en México no es vista con un enfoque que considere esta situación como una carencia de bienestar para el individuo, mucho menos como una vulneración de los Derechos Humanos que atente contra la Dignidad de las personas, sino desde un punto de vista económico y social que sitúa a los indigentes como “un grupo social” ubicado en la parte más baja de la pirámide de la pobreza nacional. Y mientras que los índices de pobreza en América Latina mantienen cifras estables, en México los indicadores revelan un crecimiento sostenido en el número de personas que viven en la precariedad.

Millones de personas que padecen los efectos de la indigencia son catalogados de manera institucional como una estadística más, sin particularizar en cada uno de ellos, ni determinar su estado actual, ni reparar en las causas que como individuo le llevaron a asumir una condición de marginalidad y subsistir en condiciones de riesgo para su salud. En la actualidad los indigentes son segregados sociales de los que se carece información que permita respetar su derecho a la individualidad, desplazados en muchos casos, obligados a permanecer en la penumbra social, vulnerando su Dignidad Humana.

Urge que los municipios ejerzan un papel más preponderante y responsable, congruente con los valores de equidad, justicia social e igualdad, que son obligados para quienes ostentan el poder ante la comunidad. Los indigentes tienen derecho a acceder a condiciones de vida más esperanzadoras en sus propias localidades, lo que permitiría una mejor atención para ellos y les brindaría una oportunidad de inclusión, con lo que se disminuiría la segregación y discriminación por parte de la sociedad, desde el ámbito local.

*Fragmento del Primer lugar del Concurso de Ensayo organizado por el Cuerpo Académico en Investigación Bioética del Centro Universitario de la Costa, en colaboración con la Cátedra de Bioética de la UNESCO.

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